Hace nueve días tuvo lugar un debate plural y de calidad sobre el estado de la economía nacional. El grupo de economistas que, a convocatoria de Javier Beristain se ha venido reuniendo (en Huatusco, Veracruz) para esclarecer por qué no crece la economía mexicana, llevó a cabo una reunión para tratar el tema de la reforma fiscal.

A la reunión acudió un grupo de los más destacados economistas. Es de reconocerse que, en un espacio dominado por economistas formados en el ITAM, se hubiera invitado a participar a economistas progresistas que no comparten la misma visión sobre el modelo económico vigente. El solo hecho de reunirse, escuchar los puntos de vista del otro y poder hablar tiene mérito, sobre todo después de la polarización política que ocurrió durante el proceso electoral.

En términos del debate, ayudó mucho la objetividad y precisión de las ponencias centrales de Ricardo Samaniego, sobre la eficiencia recaudatoria, y de Arturo Fernández, sobre la situación fiscal y sus posibles soluciones. Ello permitió que, a pesar de las visiones encontradas, se pudiera coincidir en puntos centrales como la petrolización de las finanzas públicas, la falta de responsabilidad con las que se ha dispuesto de los excedentes petroleros, la ineficiencia del gasto y el agotamiento del pacto fiscal.

Ante una situación fiscal altamente dependiente del petróleo, reservas declinantes y baja competitividad, hubo un acuerdo generalizado sobre la necesidad de una reforma hacendaria tanto del ingreso como del gasto. También se coincide en que no se pueden imponer nuevos impuestos sin una reducción radical del desperdicio y sin mejorar la efectividad del gasto.

Donde las diferencias parecen infranqueables es respecto al contenido principal de la reforma fiscal. Unos siguen pensando que lo que se necesita es aumentar los impuestos indirectos (de nuevo, IVA a alimentos y medicinas), mientras que otros pensamos que el éxito de la reforma pasa por la reducción de los privilegios. Unos quieren una reforma conservadora y otros una reforma progresista.

Sobre la viabilidad de una reforma fiscal, a diferencia de lo que ocurría hace seis años, el clima es de pesimismo. Tan sencillo como que cada quien cree que la reforma que se necesita es la suya, pero ve obstáculos políticos difíciles de superar. Quienes creen en la reforma conservadora, ya saben que los obstáculos políticos fueron infranqueables y que la situación actual es aún más difícil. Quienes creen en la reforma progresista, consideran que las alianzas del gobierno con los intereses creados la harán imposible.

El Huatusco extraordinario fue un encuentro útil. La derecha ha pasado de la receta a la necesidad de mirar con mayor profundidad y la debida precisión a lo que está pasando con los ingresos y el gasto público. La izquierda ha tenido también que mirar con mayor exactitud a los números y a las implicaciones de sus propuestas. Ambas han ido aprendiendo que la política cuenta por los votos en el Congreso, las acciones de los gobiernos locales, el peso de los sindicatos, la fuerza de los grandes grupos empresariales. Y habría que añadir, el peso de la calle.

A pesar del deterioro fiscal inercial, la economía mexicana ha tenido un colchón externo que le ha permitido transitar sin una revisión seria de la situación fiscal. Las entradas de capitales -entre petróleo, remesas, inversión directa y turismo- han sido abundantes y sostenidas. Si eso cambia, por menores precios del petróleo, menor producción o recesión en la economía estadounidense, el tema fiscal se volverá urgente.

Para el gobierno el tema fiscal es prioritario. Su problema es político. Si opta por aumentar el IVA, encontrará resistencias en las cámaras y, si su reforma prospera, tendrá un alto costo electoral. Si optara por una reforma progresista, tendría reacciones inmediatas de parte de los principales intereses. Contra su ideología, la reforma fiscal sólo tendrá sentido, y podrá caminar, si incorpora contenidos progresistas y va acompañada de garantías democráticas. Ningún nuevo impuesto es viable sin honradez y justicia en la distribución de los fondos, y sin garantías democráticas que permitan terminar con el manejo político y clientelar del gasto.

Miembro de la Dirección Política del Frente Amplio Progresista