¿Puede un miembro de las Fuerzas Armadas de México ser dado de baja y perder sus derechos a la salud y al trabajo cuando está infectado por el virus de inmunodeficiencia adquirida? Eso es justo lo que debaten los ministros de la Suprema Corte de Justicia, quienes están divididos sobre cómo interpretar la ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, que propone declarar "inutilizados" a los soldados con diversas enfermedades.

Para sorpresa de muchos, las posiciones a favor de expulsar de la milicia a los afectados por el virus de VIH -representadas por los ministros Mariano Azuela Güitrón y Genaro Góngora Pimentel, que ya han presidido la Corte- toman como base argumentos que se pensaba erradicados.

La base de esta línea argumentativa es que los portadores del virus deben ser aislados porque son amenazas potenciales de contagio para sus compañeros y para la población civil en general, mostrando con ello preocupantes rasgos, o bien de ignorancia sobre el tema o, peor todavía, de discriminación por prejuicios. "Hay que regresarlos a sus casas, como se hace con los niños que llegan enfermos a clase", concluye Azuela.

Una evidencia escapa al debate: un portador del virus no es un enfermo de sida, y puede llevar una vida normal indefinidamente. Más aún, quien ya manifiesta síntomas, no contagia con su sola presencia a quienes lo rodean; para ello debe haber contacto sexual o intercambio de fluidos.

Más de dos décadas de estar hablando de la pandemia y todavía hay que repetir esto, lo que a su vez prueba que es necesario perseverar en las campañas de difusión y prevención del sida, sobre todo entre los jóvenes en edad sexual activa, que es el caso de decenas de miles de los efectivos de reciente ingreso.

En la milicia mexicana, aunque los oficiales se forman en el H. Colegio Militar, en la Escuela Superior de Guerra y en cursos en el extranjero, la mayoría de los soldados rasos provienen de comunidades rurales, muchachos que de pronto se encuentran en cuarteles de donde salen en sus días francos para desfogarse de los rigores de la vida castrense y se encuentran con un entorno muy distinto al de sus lugares de origen. Relaciones de riesgo a la mano y sin la suficiente información para protegerse de enfermedades varias.

¿Qué pasa entonces? Que los uniformados de verde que auxilian a la población en casos de desastre, perecen en el combate al narcotráfico y desarrollan labores de reforestación están a merced de su propia ignorancia y, peor, la de jurisconsultos que los castigan por haber sido víctimas de una amenaza para la salud pública y que están dispuestos a darlos de baja. ¡Cuánta ingratitud!

Hay que prevenir el contagio potencial de los militares, sí, pero a través de medidas profilácticas, no arrojando a la calle a quien bien nos sirve, en el momento en que necesita más cuidados.

Preocupa que en el máximo tribunal del país esté a discusión si se autoriza violar los derechos humanos de una parte de la población -en un caso que incluso podría sentar jurisprudencia y ser extrapolado- por quienes desearían discriminar a los enfermos en lugar de curarlos.