El surgimiento en México de un régimen democrático y cabalmente representativo entra apenas en su séptimo año, lo cual explica ajustes que, aunados a la arcaica terquedad de preservar la no reelección de legisladores y alcaldes, complican un despegue que de todas maneras se está realizando. Lamentablemente, los partidos políticos no tuvieron cuidado en reconocer esta nueva realidad y la selección de candidatos con conocimientos en quehaceres internacionales se redujo a su mínima expresión. Con excepciones, hay una ignorancia subsanable, que debe atenderse de inmediato ya que los retos son enormes.

Con una globalización implacable, competitividad creciente e interdependencia política acelerada, se requieren agendas imaginativas y actores parlamentarios con iniciativas viables. La actividad diplomática de nuestros días se ha diversificado en tal forma que los nuevos espacios han rebasado las capacidades que solían ser exclusivas de la Cancillería, reclamando en especial del Senado responsabilidades innovadoras. En estas horas, la discusión sobre desregulación que prevé el TLCAN para 2008, los desafíos a la seguridad con la narcotización de nuestra realidad nacional, una dilatada reforma migratoria estadounidense y el reto de recuperar presencia en América Latina y el Caribe, son sólo ejemplos de que las comisiones de Relaciones Exteriores deben cumplir creativamente con esas tareas.

El desbordamiento de la diplomacia tradicional en el mundo ha multiplicado las actividades externas de los parlamentos, y no me refiero a los foros que históricamente han convocado a los legisladores como la Unión Interparlamentaria Mundial o el Parlamento Latinoamericano, instancias ya obsoletas, meras excusas para propiciar el turismo de representantes populares, sin impacto alguno. Lo que se reclama es una presencia propositiva frente a sus pares para servir de punta de lanza en los temas más urgentes de la agenda nacional. El Senado que sirvió en los dos últimos periodos legislativos descubrió con sorpresa que la pluralidad de posiciones era apreciada como avance por sus contrapartes dentro y fuera de la región. Al superarse el monolitismo del partido dominante, se allanaron las reticencias que equiparaban nuestro legislativo como apéndice de un Ejecutivo omnipotente.

Los diálogos fructíferos que se emprendieron con el Senado de EU y otros actores en temas como migración y asuntos agrícolas son la mejor prueba de este progreso innegable. La diplomacia senatorial se confirmó como instrumento para consolidar una auténtica democracia, siempre concebida en estrecha coordinación con el quehacer internacional del gobierno, privilegiando sin embargo la autonomía parlamentaria para dar mayor credibilidad a sus acciones. Las iniciativas deben formar parte integral de una estrategia que contemple una política exterior de consenso, lo que no es una meta inalcanzable.

La presencia hace unos días de la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, en comisiones del Senado mostró las virtudes de un trabajo conjunto. El diálogo constructivo beneficia la concertación de acuerdos esenciales para actuar en el ámbito externo. Esto es factible en la medida que no se partidice la discusión, otorgándole prioridad al interés nacional. Es importante que este intercambio no responda a ritualismos que sólo rigidizan los canales de comunicación, dando paso a un diálogo constante, sin formalismos excesivos. Compartir información no demerita las responsabilidades constitucionales del Ejecutivo, siempre que tampoco se pretenda invadir esas áreas.

La ratificación de nombramientos diplomáticos, facultad exclusiva del Senado, contribuye a moldear la calidad y especialidad de nuestros representantes en el exterior. La transición ya analizada también incumbe a esta difícil tarea. No se puede pasar de la práctica que otorgaba al jefe del Ejecutivo libre albedrío para designar embajadores y cónsules, contando con la complicidad de un Senado silencioso, a una etapa de golpeteo partidario con un Senado ululante durante la evaluación de los aspirantes. Debe prevalecer el criterio de evitar improvisaciones y privilegiar la selección de profesionales.

"En México los nombramientos políticos deben ser la excepción, no la regla general, justificados únicamente cuando las cualidades de la persona garantizan que desempeñará adecuadamente el cargo", escribía el embajador Luis Felipe Bravo Mena hace seis años. La ratificación senatorial frente al nombramiento unilateral del Ejecutivo constituye un avance democrático de gran importancia. Es de esperarse que se haga conforme a criterios objetivos que preserven el mejor interés del país.

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Vicepresidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales