El proceso electoral de 2006 fracturó el pacto político que se había establecido en 1996 para dar paso a la transición democrática. La responsabilidad de esta ruptura recae fundamentalmente en el ex presidente Vicente Fox. Un personaje que en cada una de sus nuevas conferencias por Estados Unidos provoca burlas por su ignorancia, que sería lo de menos, pero también genera conflictos.

La prudencia no fue nunca una virtud de Fox, pero las afirmaciones de esta semana son prácticamente una confesión de parte, que implica el relevo de pruebas: con el desafuero (de López Obrador) "tuve que retirarme y perdí. Pero 18 meses después, me desquité cuando ganó mi candidato (Calderón)" (EL UNIVERSAL, 13/II/2007).

El desafuero fue una maniobra política para sacar a AMLO de la carrera presidencial; muchos lo dijimos y lo condenamos en su momento. La obviedad del truco, que se revistió de un discurso político sobre el respeto a la ley, ha quedado desnuda en la voz de su autor. La intervención de Fox antes, durante y después de la campaña fue un factor altamente negativo que contribuyó a envenenar el clima político. Si el Tribunal Electoral consideró que Fox puso en riesgo la elección, ahora podríamos preguntarles a los magistrados su opinión sobre el "desquite" presidencial contra AMLO. Este desquite ya lo había dicho Fox después de la elección; en una entrevista el 5 de noviembre señaló: "Me tocó ganar dos veces, el 2 de julio de 2000 y el 2 de julio de 2006".

Tal vez eso se deba, entre otras cosas, a la campaña de medios, que entre el 15 de enero y el 15 de mayo de 2006 montó la presidencia foxista cuyo gasto fue de mil 709 millones de pesos y se materializó en 462 mil spots de radio y televisión (datos del libro Presidente electo, de Salvador Camarena y Jorge Zepeda Patterson). A ello se puede sumar el discurso diario que repitió Fox obsesivamente contra AMLO durante toda la campaña. Según el Tribunal Electoral todas estas piezas fueron graves pero se "debilitaron". Habría que preguntar a los magistrados qué otra cosa hubiera tenido que hacer Fox para que su participación no se hubiera "debilitado".

¿De qué institucionalidad hablamos cuando hay actores que pueden violentar los principios básicos del respeto a la voluntad popular y la equidad electoral, principales ingredientes del pacto político de 1996, y quedar impunes? ¿Qué podemos entender por legalidad cuando se sabe que hubo un acuerdo que impulsó Felipe Calderón durante la campaña para que su partido aprobara en el Senado la Ley Televisa, bajo el pretexto de no ser congelado en los medios?

¿A qué tipo de reforma político-electoral podemos aspirar cuando estamos frente a una clase política que no quiere renunciar al millonario financiamiento público para estar en la televisión todo el tiempo? ¿Para qué queremos todo el costoso entramado institucional del IFE y el Tribunal Electoral si los poderes fácticos deciden cuándo violan flagrantemente la legalidad -artículo 48 del Cofipe-, como lo hizo el Consejo Coordinador Empresarial, que gastó millones de pesos en spots de emergencia durante junio de 2006 en apoyo a Calderón, y quedan completamente impunes? ¿Existen reglas y marcos institucionales que puedan modificar estas conductas de ilegalidad y de inequidad que terminaron por fracturar los acuerdos de la transición a la democracia en México?

Podemos estar de acuerdo con la conclusión a la que llega Andreas Schedler, cuando afirma que en última instancia son los actores y no las instituciones los que producen y conservan los bienes públicos de las elecciones institucionalizadas (Journal of democracy).

Un viejo dicho político señala que sin pacto no hay proyecto. En estos momentos hay un nuevo intento para reconstruir el pacto que se fracturó en 2006 y retomar el hilo de una transición democrática que ha sido interrumpida por los que se suponía que iban a consolidarla. La iniciativa de la reforma del Estado vuelve a colocar en la agenda pública la necesidad de cambiar las reglas, para lo cual se necesita reconstruir un pacto político. El país ha perdido seis valiosos años, un sexenio de retraso, por los cálculos inmediatistas, las omisiones gubernamentales y las torpezas que -entre 2001 y 2006- hizo una clase política incapaz e irresponsable. Unos para conservar el poder presidencial, otros para recuperarlo y los terceros para ganarlo por primera vez.

Ahora son los mismos actores, se trata de los mismos políticos, sólo se movieron de cámara legislativa y ahora han envejecido unos años. Lo que ha cambiado es la realidad política. Tenemos un gobierno escaso de legitimidad, completamente amarrado a intereses facciosos, tanto con los poderes fácticos como con el corporativismo sindical del magisterio. Los partidos políticos están en uno de sus grados más bajos de desprestigio frente a la ciudadanía. El Poder Legislativo también está fuertemente desprestigiado por su falta de transparencia, su incapacidad de lograr consensos y sus números rojos entre costos y resultados. Un sistema electoral costoso que ha regresado al país a la senda de la desconfianza. En suma, tenemos un sistema político atrofiado por las herencias del viejo régimen que siguen vigentes, como la corrupción, la concentración del poder y la baja calidad institucional, y los cambios que se han detenido e incluso han llegado a niveles de un retroceso democrático.

El reto será llegar a consensos para reconstruir el pacto político y desarrollar un amplio proyecto de cambios institucionales: ¿Vamos a un semiparlamentarismo?; ¿Podrá haber un nuevo esquema de financiamiento a partidos y otro modelo de acceso a medios masivos? ¿Habrá reforma fiscal? ¿Qué pasará con el del Poder Judicial? Nada garantiza que se pueda llegar a concretar esta reforma mínima del Estado; la confianza en los legisladores es baja, mientras no se demuestre lo contrario.

En las próximas semanas y meses vamos a ver de qué está hecha esta clase política que, hoy por hoy, se juega en este proyecto su último tramo de legitimidad y, lo que es más importante, se juegan los próximos años del país. Pronto sabremos si hay capacidad para reconstruir un pacto político que ponga un alto a la regresión democrática que vive hoy México.

Investigador del CIESAS