Toda ley dirigida a proteger a las mujeres de variadas formas de violencia que contra ellas se ejerce, es bienvenida. Sin embargo un análisis que la Clínica Legal de Interés Público del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) hizo, a petición de EL UNIVERSAL, a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sugiere precisar y corregir el ordenamiento para que no quede en listado de buenos deseos.

Aprobada en diciembre, la Ley entró en vigor el jueves 1 de febrero para ofrecer a municipios, estados y Federación principios rectores básicos de igualdad y no discriminación en leyes y políticas públicas, con el fin de atender, sancionar y eliminar la violencia de género. Lo loable del propósito no se correspondió con una técnica jurídica adecuada.

Los académicos del ITAM, un senador y un abogado de la Barra Mexicana, impelidos porque el instrumento sea de mayor contundencia, advierten que la ley señala conductas inaceptables sin indicar la sanción correspondiente.

En efecto, la Ley describe la violencia física, sexual, económica, sicológica ya considerada en los códigos civiles y penales, pero añade la violencia patrimonial, el despojo de bienes, valores y hasta documentos personales, que dejan a la mujer en la indefensión absoluta. Sólo que al no establecer penas puede dejar en letra muerta el ordenamiento.

Otra falla señalada es la omisión del Distrito Federal entre las entidades y los niveles de gobierno a quienes va dirigida. El senador Ricardo García Cervantes (PAN) está en lo correcto al advertir que "el bien ha de hacerse bien", porque si no resulta peor que el mal.

El 85% de las denuncias de agresión de género queda sin castigo, lo que subraya que una ley como la de referencia no puede quedar en campaña de relaciones públicas o anuncio mediático.

De nada sirve oír todo el día en la radio que "no volverán a pegarle a Patricia" o ver su rostro lastimado en la pantalla televisiva, con la advertencia de que no habrá impunidad para el agresor, si fuera de la realidad mediática esto no será así por un instrumento jurídico deficiente.

El ordenamiento ha de ser corregido y aumentado para que corresponda por completo a la magnitud del problema que enfrenta. Madres, meseras, mucamas o empleadas, todas tan estimables y dignas de respeto como las profesionales, deportistas, ejecutivas e intelectuales que brillan en el México de hoy.

La violencia contra las mujeres es inaceptable y debe ser punible. Hay que combatirla buscando penas aleccionadoras que desalienten la repetición del hecho.

No podemos tampoco quedarnos solamente en la violencia personal, individual, porque hay también una gravísima violencia social contra las mujeres mexicanas, por la cual vemos todos los días niñas que viven en la calle, madres que no tienen qué dar de comer a sus hijos, mujeres que cruzan la frontera norte en busca de trabajo o son obligadas a prostituirse para sobrevivir.

Puede resultar chocante, pero una ley imperfecta aunque pudiera ser mejor que nada, es inaceptable. Tranquiliza conciencias pero no penaliza delitos.