A veces los temas políticos llegan a la opinión pública amalgamados, pero es necesario diferenciarlos para entender los niveles y matices. Sin duda, en estos días estamos ante un circo de tres pistas: una de ellas tiene que ver con una necesaria reforma electoral que genere un nuevo modelo de relación entre la política electoral y el dinero público, entre los partidos y su presencia en los medios. Se trata del problema de los altos costos de una democracia electoral, una de las más caras del mundo según los observadores de la Unión Europea, y otros temas importantes que han sido postergados durante varios años.

Otra pista es el desempeño del IFE y, en concreto, de sus consejeros electorales. El PRI y el PRD han puesto sobre la mesa el tema de su remoción porque han perdido su confianza, mientras que el PAN y otras opiniones señalan que deben quedarse porque hicieron bien su tarea. Cercano al debate anterior hay otro que tiene que ver con el reciente escándalo de los gastos de los consejeros, prestaciones y viáticos, que pueden ser legales y estar autorizados, lo cual no impide plantear el problema moral de un gasto público que se convierte en privilegio, lo cual es insoportable en un país con la mitad de la población en situación de pobreza. Se trata de una contradicción entre legalidad y legitimidad.

Cada una de las pistas está íntimamente vinculada; tienen distintos niveles de importancia y, por supuesto, se trata de temas manejados de acuerdo al interés de los actores políticos. Resulta que la importancia en la opinión pública puede resultar inversamente proporcional a la sustancia de los temas. Cuando el PRI y el PRD piden la remoción de los consejeros para negociar, es fácil observar que se trata de una maniobra política. Es indudable que la reforma es muy importante, nuevas reglas del juego para darle a la competencia otro perfil; se necesita un nuevo pacto político como una condición que detenga el deterioro de una democracia inicial, frágil y, como dice Lorenzo Meyer, plagada de adjetivos negativos: sucia, poco transparente, injusta, deshonesta e irrespetuosa de los derechos humanos.

El orden de los factores es importante: primero viene el pacto, luego un proyecto de nuevas reglas del juego y, como una consecuencia de lo anterior, por supuesto que se necesitarán nuevos operadores, otros consejeros que tengan el consenso y la confianza de todas las fuerzas políticas. Así sucedió en 1990, cuando surge el IFE con la figura de consejeros magistrados; luego con la reforma de 1994 llegan los consejeros ciudadanos, y en 1996 se crea a los consejeros electorales; lo único que tendrían que hacer los legisladores en la futura reforma sería modificar la denominación y los actuales consejeros dejarían de tener sustento legal. Así la reforma puede resolver el litigio sobre la permanencia o salida de los actuales consejeros. Sin pacto ni reforma, la petición del PRI y del PRD será leída sólo como una "venganza" de los perdedores. Por lo pronto, un dato crítico es que 69% de los ciudadanos, siete de cada 10, no confía en los consejeros electorales (Milenio, 5/II/2007).

La evaluación del desempeño de los consejeros se ha hecho desde la óptica del eje legalidad-ilegalidad, y prácticamente se circunscribe a la noche del 2 de julio y los días siguientes. Lo cual resulta limitado, porque no permite establecer otras dimensiones, como la incapacidad de plantear una posición firme frente a la guerra sucia del panismo, que el Tribunal Electoral detuvo de forma tardía; las ilegales intervenciones del empresariado y la indebida participación de Vicente Fox, frente a lo cual los consejeros argumentan que no había recursos jurídicos para hacerlo. Es elemental que no todo pasa por la lectura estricta de la ley, y los consejeros saben que el IFE podía haber jugado un papel importante para darle a la elección mejores condiciones de equidad, pero la capacidad política no está reglamentada en un código. Habría que analizar también las críticas que los mismos consejeros locales hicieron sobre las múltiples deficiencias en materia de capacitación. Para no mencionar el origen faccioso del actual consejo y los graves errores de comunicación en momentos críticos de la elección.

Resulta paradójico que ahora los consejeros, que siguieron al pie de la letra y convirtieron en manual de operación al código electoral, se lancen a interponer una controversia constitucional porque, según ellos, se ha lesionado la autonomía del IFE, cuando es un hecho que en materia de presupuesto la autonomía es limitada y dependiente de otro poder. Hoy los consejeros dan un golpe de audacia en una dudosa controversia constitucional para explorar las fortalezas y debilidades de la autonomía del IFE, pero en la elección de 2006 fueron incapaces de poner en práctica la autonomía para establecer posiciones definidas frente a hechos que lastimaron la equidad en la contienda.

Las evidencias públicas, la publicación de las facturas sobre el costo excesivo de los viajes al extranjero de estos consejeros, los ubican como unos privilegiados. Las facturas en hoteles de lujo, boletos de primera y gastos suntuarios sólo muestran que algo funciona muy mal en un país con niveles de pobreza de 50% de sus ciudadanos. La falta de sensibilidad social de los consejeros es proporcional a su incapacidad política. Si la normatividad del IFE permite esos excesos, es indispensable modificar las reglas para detener esa sangría.

Una parte importante del problema de nuestra democracia electoral está cruzada por el dinero público excesivo que poco a poco la ha deteriorado de forma grave. Mucho dinero público para campañas en donde sólo se beneficia a las televisoras privadas. Mucho dinero para partidos políticos que sólo benefician a una privilegiada clase política. Mucho dinero para consejeros y funcionarios al extremo de que se ha construido una casta de privilegiados que es necesario detener. Y los resultados de estas inversiones son raquíticos: incertidumbre, polarización, desencanto y parálisis legislativa.

Estamos, como apunta Josep Ramoneda, en "tiempos de mudanza que reclaman el retorno de la política, para impedir la muerte por inanición de la democracia en manos de un dios menor: el dinero".

Investigador del CIESAS