La carestía y la demanda de mejoras salariales están a la alza. Veinticinco sindicatos van a revisión salarial en esta quincena, el conflicto del sindicato de los mineros vuelve a arrojar saldo rojo y el aumento de emergencia para los trabajadores, aun justo, no es una medida a tomarse sin calcular consecuencias de una reacción inflacionaria que lo anule y ocasione males mayores. En suma, al Presidente del empleo se le complica la tarea.

Los trabajadores disponen del derecho de huelga, pero están entrampados entre resignarse a salarios insuficientes o percibir aumentos que sean causa de recortes de personal o cierre de empresas. Disyuntiva indeseable.

La Universidad Veracruzana está en huelga desde el viernes; sus trabajadores no se conforman con el porcentaje de aumento ofrecido, que junto con mejores prestaciones, es mayor que la media nacional de incrementos. Algunos de sus colegas, como los del Colmex y de la UAM, ya aceptaron los incrementos disponibles, pero otras 15 instituciones serán emplazadas este mes.

El asunto de las crisis laborales en México no es coyuntural. En los últimos seis años, 60% de los trabajadores perdieron su empleo, por lo menos una vez, y la mayoría están ahora subcontratados o pertenecen a la economía informal, según el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, CILAS.

El 70% de los asalariados carecen de prestaciones mínimas, seguro social, crédito para vivienda, vacaciones y aguinaldo.

El aumento en los costos de producción repercute inevitablemente en el precio de venta, y el trabajador no puede enfrentarlo sin un incremento adecuado en su propio salario.

Pero no todo es economía. La oposición debería abstenerse de azuzar un juego que puede revivir el fantasma inflacionario. Igualmente el gobierno no puede pretender someter a una masa cada vez más empobrecida. Las claves son negociar pacíficamente y dar salidas al conflicto vía la productividad y el crecimiento.

Para los trabajadores formales el panorama tiene más aristas, como dejan ver los enfrentamientos en Michoacán, entre mineros divididos por el control del sindicato. Una ley que debe ser revisada concede a la autoridad, y no al trabajador, la facultad de decidir a cuál líder reconoce.

El problema fue heredado como bomba de tiempo al actual gobierno, pero ya es responsabilidad del secretario del Trabajo, Javier Lozano, buscar una salida absteniéndose de inclinar la balanza a favor de una de las partes. En ese conflicto y en otro, el de Oaxaca, cuyo origen laboral devino en un asunto tan enredado como el quesillo del mismo nombre, el equipo de Felipe Calderón hasta ahora no muestra equidistancia al haber encarcelado a los dirigentes de la APPO por delitos presumiblemente cometidos, sin atender las demandas políticas, sociales y laborales que detonaron el conflicto.

El encadenamiento de las exigencias salariales, la carestía y las crisis sindicales y sociopolíticas latentes puede resultar en una explosiva combinación.