E sta semana renunció el fiscal especial para la investigación de delitos cometidos contra periodistas, David Vega Vera. Un fracaso más de estas fiscalías "de ocasión" que nacen sin recursos ni apoyos, sin mayor objeto que ofrecer un pretexto al Presidente para quitarse de encima la presión de la opinión pública.

Hace 11 meses, con el bombo y platillo propio de quien está imprimiendo un giro histórico al problema, Fox prometió "a todas las madres y esposas, a los hermanos e hijos, a los compañeros de esos periodistas asesinados que no descansaremos hasta encontrar a los responsables de su muerte". Lo que en realidad estaba inaugurando era el arranque del peor año en la historia de México en materia de asesinatos y desapariciones de periodistas. Parecería que la creación de la fiscalía para proteger a reporteros fue una convocatoria para arrancar la temporada de caza, por parte del crimen organizado, contra periodistas.

En realidad Vega Vera había renunciado desde el 31 de diciembre, debido a "situaciones de desinterés de la actual administración para investigar las agresiones contra los informadores", según funcionarios de la Subprocuraduría de Derechos Humanos. O dicho de otro modo, Fox instauró la fiscalía, hizo su discurso, y su gobierno no volvió a acordarse del asunto, a pesar de que fueron asesinados o desaparecidos otra media docena de periodistas durante el resto de su gobierno.

El caso de esta fiscalía es la última experiencia bochornosa de una larga lista de engendros o chipotes que nacen condenados al fracaso, pues tienen el simple y retórico propósito de "dar atole con el dedo". Es cierto que ha habido fiscalías para todos los gustos y necesidades. Algunas heroicas gracias al empeño personal de las coordinadoras, como Elena Pérez Duarte, en la de atención de delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres.

Hay otras fiscalías con traje a la medida como la nombrada para investigar (y exonerar) a Arturo Montiel en el estado de México; o la que investiga las muertes y desapariciones de la guerra sucia y endurece y afloja la presión sobre Echeverría, según las necesidades del gobierno panista. Hay otra para dar risa, como la que se acaba de fundar en Chiapas para investigar el caso de Acteal nueve años después de los acontecimientos. Y otras para dar rabia como la fiscalía instaurada para investigar las violaciones y abusos en el caso de Atenco; o la que tendría que haberse creado para investigar los delitos de Ulises Ruiz. Y afirmo que estas últimas son para dar risa o rabia porque en el caso de Acteal, Atenco y Oaxaca no se trata de un asunto de insuficiencia de información, sino de ausencia de voluntad política para castigar a los responsables.

El problema de fondo de estas fiscalías y comisiones es que nacen sin recursos económicos y jurídicos para llevar a cabo su cometido. El presidente en turno se regodea en su discurso y logra las ocho columnas como paladín del combate al tema que de momento indigna a la población, pero invariablemente "olvida" otorgar presupuesto y jerarquía a la oficina recién instalada. La fiscalía de periodistas no fue dotada de la competencia jurídica para hacer "federales" los crímenes contra comunicadores, todos ellos de fuero común. Esto significa que habrá de estrellarse contra las autoridades locales, cuando éstas son investigadas por agresiones o complicidad en agravios a periodistas, porque justamente es la Procuraduría estatal y el Poder Judicial local quienes están a cargo de la investigación. Todavía se escuchan las carcajadas del gobernador Mario Marín y de la procuradora de Puebla cuando la fiscalía de periodistas trató de investigarlos en razón de las violaciones en el caso de Lydia Cacho.

Sin recursos ni argumentos legales, tarde o temprano todos estos comisionados y fiscales siguen el camino de Vega Vera, antes de quedar convertidos en "chivos expiatorios". El presupuesto de 2007 de la PGR no contemplaba partidas para esta fiscalía de delitos contra periodistas. Es decir, la oficina de Vega Vera consistía en poco más que una dotación de tarjetas de presentación. En tales circunstancias queda convertido en una bufonada el intento de investigar al crimen organizado y los poderes políticos que atentan contra los medios de comunicación. En ocasiones en las que efectivamente se canalizaron algunos recursos, como en la fiscalía para los asesinatos de Juárez, la falta flagrante de voluntad política es responsable de la falta de resultados.

Y a propósito de mujeres, habría que señalar que la avanzada Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia está en riesgo de correr la misma suerte, y por los mismos motivos. El Senado se ha gastado más dinero en campañas de televisión para presumir su "compromiso" con la mujer por la nueva ley promulgada, que en asegurar recursos para que tenga alguna posibilidad de cumplirse.

Si bien es cierto que es una ley verdaderamente progresista, comparable con las de España o Francia, a diferencia de aquellos países no va acompañada de los recursos y las acciones necesarias para convertirla en realidad. Es imposible que ministerios públicos, jueces y policías la apliquen sin la capacitación y materiales necesarios para ello (por mencionar sólo de una de las muchas tareas que se requieren para instaurar una ley tan importante como ésta).

Leyes de avanzada y fiscalías de buenos propósitos son poco más que actos demagógicos mientras se limiten a la ceremonia y carezcan de apoyo real. El jueves, al promulgar la nueva ley, Felipe Calderón prometió que será "implacable" contra las agresiones de género; exactamente la misma palabra que uso Vicente Fox hace 11 meses para referirse a las agresiones contra periodistas. Mismo discurso, cero recursos. Es decir, resultados nulos dentro de un año.

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Economista y sociólogo