Desde 2001, al gobierno le es cada vez más difícil resolver el problema fundamental de vivir y trabajar en México. El INEGI registra 20 millones de personas que ganan entre uno y dos salarios mínimos diarios. Con mil 400 pesos al mes, miles de familias pagan renta, alimentan a sus hijos y les sufragan su educación. Y tienen que comprar ropa y medicinas.

El salario mínimo no existe, explican funcionarios de la Secretaría del Trabajo. Se establece como índice con base en el cual las autoridades fijan multas y los particulares pactan penas.

Los mismos servidores públicos indican que 30 millones de personas viven con 30 pesos diarios, 10 millones sobreviven con 22 pesos al día y un número similar subsiste con apenas 12 pesos diarios.

El Banco de México advirtió hace pocos días que las tortillas, los frijoles y el azúcar caros desatarán presiones inflacionarias.

Los asalariados temporales o permanentes y los autoempleados necesitan comer. Su precaria alimentación los expone a enfermedades. En las ciudades son obesos. En el campo se ven famélicos. Frente a la pobreza evidente, no hay enunciado internacional que valga.

Si el gobierno fracasa, fracasará también la libre empresa: los hombres de negocios que bajo su sombra especulan se enriquecen y determinan las obras públicas, los presupuestos de las políticas sociales y el de la educación. Las refresqueras, las empresas que fabrican tortillas, y las que manufacturan pan y pastelitos, dicen por dónde deben pasar los caminos vecinales. Y los gobiernos federal y estatales se los construyen.

En diciembre, 180 mil empleos formales fueron eliminados, de los cuales 93 mil 600 eran permanentes y 86 mil 400 eventuales. Son las medianas, pequeñas y microempresas las que suelen crear esos empleos.

Pero el gobierno no las respalda. La entrada legal y de contrabando de productos manufacturados procedentes de China, en el sureste asiático, Estados Unidos y diversos países de la Unión Europea es una competencia desigual que enfrentan todos los días.

El IMSS informó que, entre el 1 de diciembre de 2006 y el 15 de enero de 2007, perdieron su trabajo 5 mil 570 personas diariamente.

En el Foro Económico Mundial de Suiza, el presidente Felipe Calderón ratificó que su gobierno empleará “todos los instrumentos del Estado” para evitar que el precio del maíz afecte la economía de más de 80 millones de mexicanos. “Tenemos que asegurar que quienes lo siembran y cultivan cuenten con financiamientos, fertilizantes y riego, para aumentar de manera sustantiva la producción, desde luego para consumo humano, que es nuestra prioridad, y también para la elaboración de biocombustibles.”

Durante los 12 años anteriores, el gobierno prodigó apoyos a las empresas privadas industriales y de comercio internacional. La producción agrícola debe ser ahora la nueva prioridad. La demanda de maíz para la alimentación y para su conversión a etanol crecerá exponencialmente. La demanda de henequén en pacas o transformado en cordeles crecerá también cuanto mayor sea el reclamo para evitar el empleo de fibras sintéticas que contaminan tierras, ríos y mares. No hay mejor maíz que el mexicano. No hay fibra dura de mayor calidad, por su longitud, resistencia y blancura, que la del henequén yucateco.

Los empleos surgirán, en el plazo a corto plazo, en la agricultura, especialmente la orgánica. El próximo presidente de Estados Unidos y la próxima presidenta de Francia seguramente felicitarían al presidente Calderón por haber aliviado el éxodo mexicano y hacer menos agresiva la frontera. Y por venderle al mundo el mejor maíz para etanol y las fibras de mayor calidad para las artes fluviales y marinas.

Profesor de la FCPyS de la UNAM