E l gobierno se propone enfrentar a los monopolios. Lo han dicho el Presidente y otras autoridades económicas. En una entrevista aparecida la semana pasada en el Financial Times (24/01/07), Calderón se refirió al nocivo efecto de las empresas que realizan prácticas monopólicas. Entre ellas resaltó a las de telecomunicaciones, que constituyen uno de los más grandes cuellos de botella para el desarrollo económico.

Cuando en el primer lustro de los años 90 el gobierno emprendió una "reforma del Estado" bajo la presidencia de Carlos Salinas, se llevaron a cabo dos acciones que marcaron un nuevo derrotero del país. La primera consistió en incrementar la apertura de la economía. La segunda fue un ajuste del sistema político mediante una liberalización electoral restringida. No se buscaba un sistema competitivo de partidos con democracia plena y autoridades electorales autónomas. Se quería renovar la capacidad del PRI para garantizar que continuara como partido dominante, remontando las dificultades que lo encogían electoralmente.

Para renovar las bases del partido se desarrolló una agresiva política social (Solidaridad) para colocar los cimientos del nuevo proyecto. Colosio era el heredero y se encargaría de llevar a una siguiente etapa este proyecto.

Tres golpes abortaron el plan. El levantamiento del EZLN, el asesinato de Colosio y el "error de diciembre" de 1994. Este último se produjo bajo el recién estrenado gobierno de Zedillo e implicó un rescate de la Reserva Federal de Estados Unidos que alcanzó oficialmente 50 mil millones de dólares.

La nueva situación obligó a un cambio de modelo político y tuvo asimismo consecuencias económicas. En lo político se rompió con el proyecto anterior y se procedió a un salto cualitativo que echó las bases de un sistema pluralista de democracia competitiva de partidos. En lo económico, la fragilidad de la situación postergó las reformas que debían suceder a las privatizaciones para hacer eficiente la economía.

Si bien la privatización permitió "descargar" al sector público de unidades económicas y obtener recursos por su venta, la crisis de 1995 y la lenta recuperación económica que le siguió no ofrecieron el clima para la desregulación económica ni la reforma fiscal necesarias para llevar a buen término un proceso de verdadera modernización de la economía.

Al no llegarse a esta meta, se hicieron cada día más notorias la altísima concentración del ingreso en unas cuantas familias y la exclusión de amplias capas de la población de las oportunidades para mejorar su condición.

Así, los principales beneficiarios del "modelo" económico han sido los que, protegidos por los incentivos para vender y hacer despegar a las empresas privatizadas, siguieron gozando de ellos cuando ya no tenían ninguna justificación. ¿Qué razones puede haber para garantizarle a Telmex un mercado cerrado en el que no necesita competir y donde impone precios por encima de las tarifas internacionales? ¿Qué sentido tiene proteger a los potentados de los medios electrónicos mediante un sistema de concesiones que viene de la más rancia tradición priísta de control político e imposición de privilegios? Solamente puede tener sentido para sus beneficiarios, no para el país.

Esas prácticas anticompetitivas que hoy son protegidas por las leyes en contra del bienestar del país, afectan los bolsillos de la gente, retrasan el desarrollo tecnológico y se constituyen en verdaderas murallas que detienen el despegue de la economía mexicana en el contexto de la globalización. Las experiencias de otros países que han aplicado medidas para perseguir y sancionar a los monopolios y sus formas de proceder, enseñan que esta política es una condición central para beneficiar a los consumidores, garantizar la capacidad de innovación y obligar a la inversión al riesgo y a conducirse con dinamismo.

Así como el Estado creó las condiciones de protección de empresas que al momento de ser privatizadas requerían de un periodo de incubación, es también el Estado el que debe retirar esas medidas, ya innecesarias, y sustituirlas por leyes que expongan a las empresas a la competencia interna y externa. En rigor, los monopolios están prohibidos por la Constitución y este mandato es inescapable. Sin embargo, las leyes no han formulado en congruencia con ese mandato las respectivas obligaciones vinculantes.

Hay dos hechos que no deben perderse de vista. De una parte la Ley Televisa, que en la Cámara de Diputados aprobó hasta el PRD y que consagra privilegios del duopolio televisivo en la distribución de las nuevas franjas de transmisión como si fueran un botín en lugar de "propiedad de la nación". El otro es la pésima legislación que impera en las telecomunicaciones y que ha ocasionado frecuentes reveses en los tribunales a la Comisión Federal de Competencia cuando ha querido evitar prácticas contra la competencia por parte del gigante Telmex.

El gobierno debe tomar medidas de inmediato para fomentar la competencia, eliminar monopolios y democratizar la propiedad. Esta es la función indispensable del Estado democrático de derecho; de la construcción de un tipo de Estado que no estaba en la mira de la clase política cuando se emprendieron las privatizaciones, cuando todavía se ambicionaba reconstruir el sistema autoritario.

Establecer un clima de competencia en el que las prácticas monopólicas sean castigadas es el reencuentro con una asignatura pendiente para la modernización de la economía, sin la cual seguirán imperando en ella los poderes fácticos y no reglas justas mutuamente convenidas.

ugalde@servidor.unam.mx

Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM