Aún recuerdo ese temor que nos invadió a los colombianos aquel día en que el presidente Belisario Betancur en el sepelio del entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara, asesinado por el narcotráfico, anunció su decisión inapelable de aplicar por primera vez la extradición de colombianos a Estados Unidos. Al otro día las calles amanecieron desiertas, en silencio. Muchos establecimientos temiendo represalias del narcotráfico no abrieron. En el ambiente se sentía una mezcla de medio y orfandad.

De eso hace ya casi 26 años. Desde entonces, los colombianos hemos extraditado cerca de 600 colombianos hacia Estados Unidos batiendo todos los promedios mundiales en esta categoría; hemos extraditado peces gordos, pequeños y medianos; hemos llegado al extremo incluso de extraditar guerrilleros de las FARC, como ocurrió con Simón Trinidad, y sin embargo, hasta el sol de hoy, el balance de lo que nos deja la extradición como un instrumento jurídico eficaz en la lucha contra la droga no le es muy favorable.

En general se podría decir que la experiencia que hemos tenido los colombianos con la extradición ha sido compleja y difícil. Lo que comenzó siendo como un instrumento jurídico, de cooperación internacional legítimo entre dos estados amigos que están comprometidos en la lucha contra el narcotráfico, con el pasar del tiempo, se fue convirtiendo en un instrumento político al servicio más de la política interna del país.

En el caso del gobierno Uribe es evidente que la extradición está supeditada a la política de seguridad democrática y a sus postulados. Por ejemplo, bajo esta administración, a los narcoparamilitares más importantes del país se les prometió que si dejaban de delinquir, de matar y entraban al proceso de paz y se desmovilizaban, se les suspenderían las órdenes de extradición.

En el caso de que incumplieran, la justicia sería inclemente, porque serían extraditados. (situación que infortunadamente hasta ahora no ha sucedido).

En otras palabras: mientras a los grandes narcotraficantes que son los paramilitares, se les perdona la extradición, se procede en cambio a la extradición de dos guerrilleros de las FARC en un hecho sin precedentes en nuestra historia , haciendo posible la paradoja de que estos últimos pueden terminar siendo juzgados por narcotráfico y no por haber secuestrado, asesinado y masacrado en Colombia.

Pero no solo la extradición se convirtió en un instrumento político tremendamente maleable, sujeto como he dicho a la política interna del país, sino que también se convirtió en negociable. Cada vez son más los extraditables que terminan negociando sus penas en las cortes de Estados Unidos. A cambio de dinero, muchos de ellos han terminado por negociar su libertad, como ha sucedido con importantes capos de la última generación, quienes hoy viven tranquilos en costosas villas en las costas de Miami.

La receta ha resultado tan exitosa que hoy ya prácticamente nadie está de acuerdo con esa frase lapidaria que tan bien enmarcó a los narcos de los 80, cuando les tocaban el tema de la extradición.

Aquella que decía Pablo Escobar, cuando hablaba de que era "preferible una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos". Hoy, ocurre todo lo contrario. Hoy los narcos de ahora prefieren negociar con el Tío Sam que pudrirse en una cárcel. Como bien lo demuestra un libro recién publicado en Colombia, El Pacto en la sombra, escrito por dos periodistas colombianos Édgar Téllez y Jorge Lesmes, los extraditables de hoy en día prefieren negociar con la justicia estadounidense, y conseguir a cambio de una buena suma de dinero, de delatar a uno que otro compinche y de revelar alguna ruta, su codiciada libertad.

Ninguno cambiaría ese paraíso por someterse a la lentitud de la justicia colombiana en una miserable cárcel colombiana atestada de gente que lo puede matar en cualquier momento.

De esta manera, ellos, los extraditables ganan, pero pierde el país. Cuando los extraditables se van como se están yendo se llevan consigo la verdad de sus entronques. Se llevan una información valiosa que nos permitiría saber hasta donde el narcotráfico sigue penetrando las instituciones colombianas, los estamentos, las fuerzas militares, la policía y la política de mi país. En los juzgados estadounidenses esta información no tiene ningún valor. Queda archivada condenada a ser festín de las polillas.

Finalmente está la eficacia de este instrumento en la lucha contra el narcotráfico. En el caso de Colombia el balance tampoco es halagador. A pesar de que nunca se habían extraditado tantos colombianos, la cantidad de cocaína que sale de Colombia hacia Estados Unidos sigue creciendo.

Un informe secreto revelado hace poco por la revista Cambio admite que la cantidad de droga que sale del país en lugar de disminuir, aumenta. A pesar de que el presidente Uribe es el presidente que más ha recurrido a la extradición, el precio de la droga en las calles de Nueva York sigue relativamente estable y aunque ya no hay grandes cárteles como los de antes, ahora el país asiste al surgimiento de los llamados baby cárteles y de las bandas emergentes, integradas por nuevos narcoparamilitares.

Periodista y columnista del periódico El Tiempo de Bogotá, Colombia. Autora del libro ´Crónicas que matan´