Los líderes de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados y el secretario de Hacienda convinieron en impulsar la reforma fiscal. El acuerdo es positivo, pero genera suspicacias que se diga que habrá esa reforma en seis meses, cuando desde hace 35 años se ha intentado llevarla a cabo sin éxito. En un momento en que el gobierno no cuenta con la mayoría necesaria para imponer una reforma unilateral y la sensibilidad social está a flor de piel, sólo una discusión abierta que aclare de qué reforma se trata y una propuesta de cambio eficiente y justa podrían remontar los múltiples obstáculos que aparecerán al momento de que se inicie su negociación.

Joseph Schumpeter, el gran economista vienés de principios de siglo XX, decía que el presupuesto es la columna vertebral del Estado. Eso es. Por lo tanto, cualquier cambio en la estructura fiscal significa alterar el reparto y los equilibrios del poder por parte de los diferentes sectores de la sociedad. Lo más importante en una reforma fiscal, una vez que se ha aclarado el impacto cuantitativo de las principales propuestas, es medir sus consecuencias sociales. ¿Quién se beneficia? ¿Quién paga la cuenta?

Si ya se probó que no es posible imponer una reforma unilateral como el IVA a alimentos y medicinas, si en las actuales condiciones políticas (elección cuestionada, enojo social por los aumentos, 14 elecciones en puerta y falta de mayoría parlamentaria) ese camino sería más difícil, entonces por dónde abordarla. Cinco principios podrían ayudar a su avance.

Primero. Olvídense de los grandes saltos en ingresos (para que nos parezcamos a los países de la OCDE). Para fortalecer el crecimiento se necesita fortalecer el ahorro y los ingresos públicos, pero quitarle recursos a la sociedad no es necesariamente conveniente ni asegura el buen resultado. Brasil tiene ingresos fiscales muy elevados, pero su crecimiento ha sido más débil que cuando tenía menores ingresos en los años 70. Si se le quitan recursos de más a las empresas de la economía formal, se puede perder competitividad. O si los nuevos ingresos van al gasto corriente o a mayores intereses en vez de a la inversión, nada se ganará.

Segundo. Miren al gasto. Es tan importante pensar en los impuestos como en el gasto público. Si el aumento en los ingresos se desperdicia en gasto corriente, como ocurrió con la mayoría de los ingresos petroleros extraordinarios con Fox, ello no genera crecimiento permanente, sino una presión enorme al momento en que esos ingresos desaparecen.

Tercero. No intenten engañar. Las propuestas de reforma tienen consecuencias distributivas, por más argucias técnicas que se introduzcan o campañas de publicidad que las respalden. No pueden ir en contra del sentido común ni de la experiencia. Si se pretende aumentar los impuestos a los pobres, así será leído políticamente. Lo mismo ocurrirá si se quiere quitar privilegios a las grandes empresas. En esta ocasión no hay margen para el engaño.

Cuarto. Separen lo político de lo técnico. Para tomar buenas decisiones se necesita buena información. Cada propuesta debe ser medida. Si en el ejercicio quien tiene la ventaja (la SHCP) manipula la información para llevar agua a su molino, perderá autoridad al momento en que ello se compruebe. Es mejor hacer un ejercicio objetivo, pues sólo así habrá confianza y corresponsabilidad.

Quinto. Midan el momento político. El fracaso en el intento mantendrá la debilidad fiscal, y puede dejar un mayor encono. El actual es el peor momento. Si diciembre era difícil, hoy lo es más. Sin embargo, hoy la reforma es más necesaria que entonces.

Hay que pensar en una reforma fiscal moderada que no quite competitividad. Que meta orden dentro del Estado: controle el gasto burocrático, abra posibilidades a la inversión pública y evalúe con rigor los resultados de los programas. Pero sobre todo una reforma justa que modere los excesos de la burocracia y los privilegios. Vamos, reforma, no contrarreforma.

Miembro de la Dirección Política del Frente Amplio Progresista