La sola detención de los capos del narcotráfico no estaba resolviendo el problema del crimen organizado en México; a menudo lo exacerbaba. En la prisión, los cabecillas de la delincuencia asumían controles indebidos y disfrutaban de privilegios, y hasta seguían operando sus redes. Cuando querían, se fugaban, como lo hizo hace seis años de una prisión de "máxima seguridad" Joaquín Guzmán, alias El Chapo y, entre tanto, la violencia se recrudecía en calles y ciudades prácticamente tomadas por la delincuencia.

Ahora, el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa ha tomado una decisión radical: extraditar a Estados Unidos a 15 delincuentes y preparar la remisión de otra veintena -entre ellos cuatro capos.

El despliegue de fuerzas militares, navales y de la policía federal en Michoacán, Baja California, Guerrero y ahora una zona común a Chihuahua, Durango y Sinaloa, es explicado por algunos analistas como una medida que podría, además de recuperar las condiciones de convivencia en zonas que estaban fuera de la ley, como lo anunció el procurador Eduardo Medina Mora, también tomarse como una estrategia para contener cualquier reacción a esas extradiciones.

En Colombia, durante la década de los 90, el terrorismo de otros "extraditables" cobró centenares de víctimas en atentados terroristas de quienes, encabezados por Pablo Escobar Gaviria, lanzaron la consigna "mejor una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos".

El enfrentamiento con el crimen organizado llega a un momento crítico este fin de semana. Lo alentador es que la encuesta IPSOS/EL UNIVERSAL revela que 74% de los mexicanos creen que la participación del Ejército reducirá el tráfico y consumo de estupefacientes y 35% mostraron su complacencia por las operaciones en marcha.

Esto no implica la ausencia de voces críticas respecto a la pérdida de soberanía que algunos suponen implícita en las extradiciones o la advertencia sobre el riesgo que corre el país al militarizar la lucha contra el narcotráfico debido a su enorme poder corruptor.

El embajador estadounidense Antonio Garza, quien calificó las extradiciones como "un suceso monumental en las batallas de nuestras dos naciones contra los perversos narcotraficantes y criminales que amenazan nuestra vida diaria", sabe que en su propio país prevalece la renuencia a involucrar al Ejército en la lucha contra el narcotráfico.

Es por ello que una vez más, ante el compromiso evidente de la ciudadanía y las autoridades mexicanas en esta peligrosa coyuntura nacional, quisiéramos ver también acciones más efectivas al norte del río Bravo para desalentar la drogadicción y perseguir a sus propios distribuidores y lavadores de dinero.

Las rejas de las cárceles estadounidenses tienen que abrirse para contener las conductas predadoras no sólo de los delincuentes mexicanos, sino también de los capos estadounidenses, porque no se vale que insulten nuestra inteligencia diciéndonos que no los hay.