| Desde antes de comenzar la administración de Felipe Calderón Hinojosa se esperaba que con el nuevo gobierno se reactivarían proyectos de reformas sustantivas -estructurales las llaman muchos-, entre las cuales está la fiscal. Esta reforma fue un anhelo frustrado del anterior gobierno, también panista, no únicamente debido al rechazo de los legisladores de oposición a, en particular, la introducción de un Impuesto al Valor Agregado (IVA) de aplicación universal, sino también a la impericia de los operadores políticos de Vicente Fox y a la ineptitud de él mismo para convencer a diputados y senadores de la necesidad de dicho impuesto. La realidad es que el gobierno federal requiere mayores recursos para cumplir promesas básicas, como reducir la inseguridad, mejorar la infraestructura, estimular el empleo, elevar el nivel de asistencia social y suministrar otros servicios esenciales a los contribuyentes y a la sociedad en general. El debate sobre la reforma fiscal se efectuó en el sexenio 2001-2006 de una manera burda, fue pobre en argumentos y falto de proselitismo. Más allá de exposiciones y documentos que la Secretaría de Hacienda haya presentado en las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, y de algunos ejercicios de reflexión entre especialistas, no hubo realmente un esfuerzo por involucrar a sectores más amplios que, por ejemplo, aquellos que participaron en convenciones especializadas en la materia; ¿quién no recuerda expresiones tan desafortunadas del presidente Fox como la de que a los pobres se les regresaría "copeteado", vía servicios, lo que se les hubiera quitado con la implantación universal del IVA? Esta semana iniciaron los cabildeos en el Congreso, con el fin de preparar el terreno a la presentación de una reforma fiscal que seguramente será iniciativa del Poder Ejecutivo. El hecho de que los legisladores hayan aprobado "en tiempo y forma" el paquete económico presupuestal presentado por el gobierno para el ejercicio 2006-2007 parece haber despertado optimismo, quizá prematuro, en el sentido de que la oposición, y en particular el PRD, no llevarán a cabo su amenaza de impedir que el "presidente espurio" gobierne. Efectivamente, el sentido común hace suponer que los integrantes de la segunda mayor fuerza política en la Cámara de Diputados y en el país actuarán de manera racional y que, en beneficio de sus propios intereses partidistas o ideológicos, se involucrarán de lleno en el esfuerzo por sacar adelante transformaciones que hagan viable una gobernabilidad eficaz, que le permita al Estado responder a los enormes retos que enfrenta. El problema es que la idea de cuál sería el mejor sistema fiscal requerido puede variar mucho de un partido a otro o entre los sectores de izquierda y los neoliberales, y estas visiones encontradas harían imposible la aprobación de cambios que constituyan una transformación real de sistema fiscal vigente en México. Por otro lado, una reforma en esa materia no puede constreñirse al aspecto tributario -tasas impositivas- ni a los problemas de evasión fiscal y de falta de una administración de los impuestos clara y sencilla, sino necesariamente debe incluir lo relativo al gasto público, porque lo único que justifica la pretensión de incrementar impuestos es la aplicación productiva y eficiente de los ingresos del Estado, que se traduzca en crecimiento y servicios de calidad. A priori , puede parecernos bien que los poderes Ejecutivo y Legislativo planteen, como meta de un "proyecto único" de reforma fiscal, la de incrementar la recaudación del actual 10.5% que ella representa del PIB, a 12.5% del mismo; esto equivaldría a que en el periodo 2007-2008 el fisco captara 140 mil millones de pesos adicionales. Yo soy un convencido de que el Estado mexicano necesita extraer más dinero de la sociedad para cumplir con objetivos sociales y de crecimiento que son, como enunciado, muy loables, pero reconozco que es injusto que una reforma fiscal se fundamente solamente en el cobro de más impuestos. La manera como el gobierno gasta sus recursos dista mucho de ser apropiada: no hay adecuado rendimiento de cuentas; se ha exagerado la entrega de recursos a los gobiernos locales, sin que se les exija racionalidad alguna en el uso de los mismos; la administración federal de rentas y, sobre todo, la estatal y/o municipal son un desastre, etcétera. Legisladores y burocracia están obligados a negociar una reforma fiscal integral (gasto, ingreso y deuda públicos) si quieren evitar que la misma fracase. Sería muy sano que cualquier intento reformista comenzara anunciando metas para mejorar los capítulos de egresos, de administración de rentas y de transparencia en las finanzas públicas, en vez de poner el énfasis en el incremento de la recaudación, habida cuenta de que éste debe buscarse, preferentemente, por medio de sistemas sencillos y eficaces en el cobro de impuestos. Profesor investigador de El Colegio de México |
