Enero: aumentó la tortilla y bajó el petróleo. El aumento del maíz (tortilla, huevo, pollo, carne) es un disparador de inconformidad social. La disminución del precio del petróleo, de continuar, podría obligar a que se lleven a cabo recortes en el Presupuesto que modificarían los frágiles equilibrios que se consiguieron con la aprobación del mismo. Son dos malas noticias para el gobierno. Pero también lo serán para la sociedad, si no se desarrolla una capacidad de previsión, debate y acuerdo que evite entrar en un círculo vicioso de ajuste-recesión-inestabilidad-empobrecimiento. Antes de que los shocks externos lleven a medidas ineficaces y socialmente muy costosas, habría que reconocer los nuevos hechos y las consecuencias.

El aumento de precios de la tortilla es un indicador sensible de una nueva circunstancia, sorprendentemente no prevista al momento de conciliar el balance fiscal y los salarios mínimos. Por lo pronto, junto con otros incrementos a los básicos, llevará a aumentar la presión salarial en las negociaciones contractuales. La disminución en los precios del petróleo es mayor a la esperada. Si el precio establecido ya de por sí era 10 dólares menor al promedio de 2006 y 20 respecto a los máximos del año pasado, la caída adicional es preocupante. Si es moderada y pasajera, no pondrá en riesgo el programa económico, pero de continuar y ampliarse, obligaría a recortar el gasto.

Es muy difícil anticipar cuál será el comportamiento del petróleo en los próximos meses. Aunque la inestabilidad en Medio Oriente podría regresarlo al alza, también hay indicadores de que pudiera bajar más: un invierno menos frío, crecimiento menor de Estados Unidos e incluso de Asia, políticas conservacionistas (como la producción de etanol con maíz). Ello, y menor volumen de exportación, podría llevar a reducciones adicionales de ingresos petroleros y fiscales.

Frente a la posibilidad de nuevas dificultades en la economía en 2007, lo peor sería intentar "soluciones" cosméticas que al final de la administración dejen una carga adicional de deuda, o la aplicación de ajustes indiscriminados que agravarán el problema del crecimiento, el empleo y del propio equilibrio fiscal. El Congreso está emplazado a cumplir con una reforma fiscal, pero si no hay un debate nacional serio y no se considera la posibilidad de fortalecer los consensos para tomar medidas justas, pronto se podría estar en el camino de las políticas recesivas que ni siquiera eviten la inestabilidad.

Con el método antiguo no habrá solución. El método, donde Hacienda decide y le carga los ajustes a la población más pobre, tendría dificultades adicionales para su aplicación. Hoy no existe el mismo nivel de cohesión y disciplina dentro del Estado; hay un Congreso cuyo apoyo se obtuvo con diversas concesiones, gobernadores con peso y sin margen de ajuste, sindicatos dispuestos a movilizarse, una oposición más fuerte y una población muy sensible a los golpes contra su ingreso familiar. Si hay luces amarillas en la economía, en vez de seguir por el camino conocido de los ajustes autoritarios y las medidas cosméticas o recesivas, conviene pensar en un nuevo método para hacerles frente. ¿Cuál? Se debe abrir un debate en espacios donde haya respeto y rigor analítico; tomar en cuenta nuevas opciones; anticipar que cualquier decisión tendrá impactos.

Más allá de la lucha política, se está en el momento de prever y actuar con responsabilidad. Una fórmula democrática y de equidad puede ser la mejor opción. En vez de pavimentar el camino para un nuevo endeudamiento o una nueva crisis, hay que abrir posibilidades no recesivas ni injustas de enfrentar el fin de la bonanza petrolera, del rápido crecimiento estadounidense y la emigración ilimitada. El problema principal no son los shocks externos, sino cómo se enfrentarán y quiénes los pagarán. Ante la posible crisis, el dilema es: dominan la imprevisión y el autoritarismo, o desde ahora se prevén soluciones equitativas y se pone a funcionar la democracia.

Miembro de la Dirección Política del Frente Amplio Progresista