A penas hace unos días, el 2 de enero, el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia se dolía, en su discurso de toma de protesta como titular del Poder Judicial, el que "sólo uno de cada cinco mexicanos tiene la percepción de que las resoluciones de la SCJN son justas y, lamentablemente, cuatro de cada cinco ciudadanos tiene la percepción de que existe corrupción en el Poder Judicial...".

No había cantado el gallo tres veces cuando ya el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia había reincidido en las prácticas de su antecesor. Primero: a pesar de que los hermanos Bribiesca Sahagún habían perdido un amparo en primera instancia y la revisión en la segunda, con la intención de impedir que la Cámara de Diputados ejerciera las facultades de investigación que le autoriza el artículo 93 constitucional, el nuevo presidente les admite atraer el asunto para una nueva revisión en la Corte, tocándole "casualmente" para su estudio al ministro Sergio Aguirre Anguiano, de quien nadie desconoce su origen y proclividad panista (coautor de aquella "guardia" de diciembre de 2004 que en minutos aceptó una controversia de Fox contra la Cámara de Diputados y, sin mayor trámite, le concedió la suspensión del ejercicio del Presupuesto 2005 que había aprobado el pleno de la representación nacional. Con ello se detuvieron inversiones en el campo, educación y caminos rurales, con el perjuicio social correspondiente).

Lo segundo es que, en sentido contrario, resolvió negando una respetuosa petición para que la SCJN, en ejercicio de las facultades de investigación que le confiere el artículo 97 constitucional, admita motu proprio la obligada indagación sobre lo ocurrido en Oaxaca por la aprehensión, tortura y reclusión en diversas cárceles de más de 500 hombres y mujeres oaxaqueños, que están siendo víctimas de flagrantes violaciones a sus derechos fundamentales. Como ya le había enseñado el anterior presidente de la Corte, Mariano Azuela, bastó con invocar una jurisprudencia que no viene al caso porque no se pretende en la petición asumir una legitimación activa para pedirlo, sino una excitativa al máximo órgano de justicia para que, por propia decisión de oficio, como dice la ley, actúe en consonancia con el postulado constitucional para intervenir (como en su tiempo lo hizo en Aguas Blancas gracias a que entonces estaba el ministro Juventino Castro), para impartir justicia ante las más oprobiosas muestras de exceso y arbitrariedad, en agravio de los derechos humanos más elementales de un pueblo víctima de un desgobierno local que se mantiene en el poder por el apoyo del Ejecutivo federal para la represión y persecución de disidentes y ciudadanía en general.

Con estas dos primeras resoluciones de Ortiz Mayagoitia se puede ver claro ya el concepto que tiene de la función de la SCJN, y qué entiende por la preservación y custodia del orden jurídico. En el asunto particular de los Bribiesca Sahagún todas las facilidades para operar a la Corte en la búsqueda de una salida "jurídica" para evitarles que la nueva legislatura, el próximo mes de febrero, dé continuidad a la investigación de los ilícitos cometidos contra el patrimonio público que ya fueron objeto de una denuncia ante la Procuraduría General de la República, donde se aportaron las pruebas irrefutables de los manejos del IPAB para favorecer a la empresa Construcciones Prácticas S.A. de C.V.

Para el caso de Oaxaca, en el que una intervención legítima e irrenunciable de la SCJN sería el camino ya casi único para salir de la crisis y reestablecer el régimen de derecho que por intereses políticos facciosos, mantiene al estado en condiciones de ocupación militar cual si se tratara de una guerra civil. Gran oportunidad pierde Ortiz Mayagoitia para rescatar la honorabilidad del máximo tribunal al negarse a ejercer el ascendiente moral que debe tener la judicatura para que, con objetividad e imparcialidad, investigue lo que está ocurriendo en Oaxaca y sin más referencia que el derecho se pronuncie al efecto. El servicio a la patria sería invaluable porque no sería la fuerza ni los apetitos políticos, sino la justicia a favor de seres humanos, lo que prevalezca en la solución de tan doloroso conflicto.

Señales peligrosas se advierten en el horizonte político porque si la Corte abdica de su responsabilidad de mantenerse al margen de intereses sectarios y de los otros dos poderes de la Unión y, solapadamente, da muestras tempranas de inclinarse nuevamente a favor del Ejecutivo, no habrá paz social, ni régimen de derecho.

Abogado