Es difícil contradecir a Hilal Khashan, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Americana de Beirut, quien ante la noticia de la ejecución de Saddam Hussein dijo que, evidentemente, sus verdugos no iban tras la justicia, sino que se trataba de "una decisión política", y que a aquellos que en el mundo árabe desconfían de las intenciones libertarias y democratizadoras de los estadounidenses y de sus protegidos, el ahorcamiento del dictador derrocado por los invasores, justo durante la celebración religiosa del Id al-Adha (ceremonia del sacrificio), les confirma en su idea de que prevaleció el "triunfo de la venganza sobre la justicia".

Nadie, fuera de los fanáticos sectarios sunitas o miembros del clan al que pertenecía Hussein, pone en duda que éste fue uno de los más brutales déspotas de la historia contemporánea, como lo demuestra su biografía, llena de hechos sanguinarios que igualarían los episodios más truculentos de las satrapías de la antigua Persia; aun así, su ejecución no contribuye en nada a la legislación sobre derechos humanos. Instituciones internacionales de nuevo cuño, como la Corte Penal Internacional y otros tribunales especiales donde hoy se ventilan casos de crímenes de lesa humanidad cometidos en la ex Yugoslavia, Ruanda o Sierra Leona, por dar algunos ejemplos, no buscan imponer la pena de muerte a quienes resultan convictos de tales delitos.

Expertos en la materia consideran que el juicio del ex líder iraquí siempre fue percibido -dentro y fuera de Irak- como un proceso caótico y altamente politizado, plagado de fallas técnicas y manejado por jueces inexpertos, lo que hará "muy dudoso que otras cortes en el mundo puedan referirse a ese juicio como antecedente válido, dada su pobre credibilidad" (Richard Dicker, director del programa internacional de justicia de Human Rights Watch).

En el mundo en general, el estrangulamiento de quien en vida gustaba que su maquinaria de propaganda lo comparara con los líderes famosos de la vieja Mesopotamia (2300-1550 antes de la era común), o con Saladino, el caudillo kurdo-musulmán que expulsó a los cruzados de Jerusalén en el siglo XII, provocó preocupación y un sentimiento de repulsa, tanto por razones morales como de justicia y políticas.

Así, el Vaticano calificó la ejecución de trágica, porque "matar a la parte culpable no es el camino para reconstruir la justicia y reconciliar a la sociedad"; Ekki Tuomioja, canciller de Finlandia, país que ocupa la presidencia rotativa de la Unión Europea, reiteró que ésta se opone a la pena capital en cualquier tipo de crímenes, aun los de Hussein, quien "sin duda fue culpable de graves violaciones a los derechos humanos".

El gobierno británico, a través de su secretaria de Exteriores, Margaret Beckett, se felicitó por el hecho de que Hussein hubiera "sido juzgado por una corte iraquí por al menos algunos de los terribles crímenes que cometió contra su propio pueblo", pero agregó que "no apoyaba el uso de la pena de muerte en Irak, ni en ninguna otra parte".

De inmediato, el líder de los opositores liberal-demócratas, Menzies Campbell, dijo que la muerte del tirano "no reivindicaba, en modo alguno, la mal concebida y desastrosa decisión de invadir Irak", e incluso el columnista Tim Hames, del Times de Londres, que apoyó la invasión de 2003, consideró como "crimen ofensivo" el que se haya llevado a Hussein al patíbulo.

En Estados Unidos, el presidente Bush, arquitecto de la nefasta política de ocupar Irak y destruir su régimen, lo cual, desde marzo de 2003 a la fecha, ha causado la muerte de unos 3 mil combatientes de su país y la de otros tantos o más de civiles iraquíes, ¡pero como promedio mensual!, dijo estar satisfecho de que el gobierno iraquí hubiera enjuiciado "de manera justa" al dictador, y otras voces de grupos conservadores han afirmado que Estados Unidos y el Reino Unido deberían sentirse orgullosos de lo ocurrido, y que ello servirá de advertencia a otros tiranos del planeta de que, tarde o temprano, la justicia los alcanzará.

Independientemente de si el proceso contra Hussein estuvo plagado, o no, de vicios legales, su ejecución resultó un craso error político que probablemente llevará a una peor división de la que ya existe en Irak, cuyo gobierno actúa bajo la protección de los invasores, incluso en lo relativo al mencionado juicio. El reo salió de una cárcel manejada por los estadounidenses hacia un helicóptero de EU, y en éste fue transportado al lugar del patíbulo, y lo mismo ocurrió con el traslado de su cadáver desde ese sitio a su aldea natal. Será muy difícil que la opinión internacional se trague el argumento de que el actor único de tan macabra función fue la justicia iraquí. En cuanto al mensaje a otros dictadores, debe recordarse que la mayoría de ellos han muerto de causas naturales -en su casa, en el exilio, en prisión- o a manos de asesinos: Pinochet, Somoza, Mobutu, Pol Pot, Batista, Idi Amin, Milosevich, etcétera.

Profesor investigador de El Colegio de México