Celebremos que los buenos ejemplos de práctica política dejen huella y se multipliquen, si benefician a un segmento especialmente vulnerable de los mexicanos como es el de los adultos mayores. Celebremos también que se haya logrado un acuerdo entre partidos para hacerlo y que los golpes y el intercambio de consignas hayan dado paso a las negociaciones para atender un imperativo social con nuestros mayores.

Desde el próximo lunes poco menos de la mitad de los mexicanos mayores de 70 años en las zonas rurales recibirán 500 pesos mensuales, de acuerdo con el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 aprobado por el Congreso.

Este fue un logro de la bancada del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, que traslada a nivel federal, en una primera etapa, el programa inaugurado por la administración de Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal hace seis años.

Es satisfactorio constatar que funcionó el sistema de pesos y contrapesos entre el Ejecutivo y el Legislativo, y entre las bancadas partidistas, porque el beneficio no es para el autor de la idea, sino para quienes recibirán una ayuda que puede significarle a muchos ancianos la diferencia entre comer o no, entre comprar medicinas o enfermarse.

Está a debate aún la viabilidad de la universalización de la pensión a adultos mayores, una parte importante de la sociedad no la necesita y es demagógico además de económicamente inmoral financiar a quien no se encuentra en una situación de indefensión.

Actualmente la expectativa de vida es de 72 años para los hombres y de 77 para las mujeres, y va en ascenso. Mientras hoy existen en el país poco más de 3 millones y medio de mexicanos mayores de 70 años, para el año 2050, serán casi 20 millones a los que habrá que atender y cuidar, según datos del INEGI.

Reivindicar, como algunos quisieran, la universalidad y establecer derechos permanentes debe partir de un principio de realidad. ¿Con qué se paga? El Estado debe anticiparse a los problemas de solvencia financiera que exigirá una población envejecida que va en ascenso.

Por otro lado, el tema de los adultos mayores no sólo debe quedarse en el ámbito gubernamental. Es también una cuestión de responsabilidad personal y familiar, que debe anticiparse a nivel de economía doméstica.

¿Nos hemos puesto a pensar qué hemos hecho por nuestros seres queridos que están por entrar a la vejez? ¿Ya sabemos de dónde vamos a sacar el dinero para hacerles menos angustiante un proceso natural en el que su vitalidad irá en descenso? ¿Tenemos claro quién los cuidará cuándo no puedan valerse por sí mismos?

Más aún, ¿sabemos cómo se integra y marcha nuestro propio sistema de pensiones o Afore para el retiro? ¿Tenemos claro cuánto debemos ahorrar en el presente para llegar a la tercera edad sin carencias?

Qué bueno que se transite hacia aliviar a los que verdaderamente lo requieren, eso sí, sin imponerles condición alguna, ni política ni ideológica. Lo que sigue es anticiparse a las limitaciones del sistema de pensiones público y fomentar una cultura de responsabilidad personal y de protección de la tercera edad, a la que todos estamos destinados a llegar.