Aparentemente, el primer mes de gobierno de Felipe Calderón terminará con tranquilidad y con el buen augurio de que en el Congreso de la Unión hubo acuerdo para sacar a tiempo el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos de 2007. Si ese resultado es producto de una tregua política de efectos de corto plazo o más duraderos, es algo que se dilucidará en los primeros meses del año próximo, pero al menos ha habido un respiro en el ambiente de crispación social que se vivió después de las elecciones del 2 de julio pasado y hasta la toma de posesión del actual Presidente de la República.

Por lo pronto, dos asuntos pendientes servirán de prueba a la aparente determinación de los legisladores de la oposición, en particular los del PRD, y del partido en el gobierno, de trabajar en forma constructiva para que comiencen a resolverse los grandes problemas sociales, económicos, jurídicos e institucionales del país. El primero es la reforma fiscal, que ha venido postergándose por décadas, y el segundo la reforma del Estado, que no figuró en forma explícita en la plataforma electoral del presidente Calderón, ni en su discurso del 1 de diciembre, en el que sólo se plantearon los elementos que podrían formar parte de una transformación integral del Estado, como modificaciones al sistema electoral y otros, pero en el que faltó una exposición del tema en su conjunto.

En el sistema presidencialista vigente en México, prácticamente cualquier cambio estructural que se pretenda debe basarse en iniciativas del gobierno, en tanto la función del Congreso se limita a hacer valer su prerrogativa de introducirle modificaciones a dichas iniciativas, lo cual puede prestarse a dos actitudes: en un sentido ideal de lo que sería un papel constructivo de diputados y senadores, para mejorarlas; o como ha ocurrido en los últimos años, con un Poder Legislativo plural y un gobierno que carece de mayoría en las cámaras, para vetar los proyectos de reforma, con el único afán de paralizar al gobierno en turno.

Al margen de lo bien estructuradas que puedan estar las propuestas que vaya introduciendo el gobierno de Calderón, lo más probable es que prevalezca el segundo escenario mencionado en el párrafo anterior, como lo anticipó el mismo López Obrador. Muy pronto veremos si AMLO puede o no imponer su línea al PRD y a sus aliados, de rechazar los cambios estructurales en materia fiscal o de energía provenientes, según sus propias palabras, del "gobierno espurio" (sic); pero sería un exceso de optimismo pensar que, a la luz de la actitud relativamente conciliadora del PRD en cuanto a la aprobación del paquete económico de 2007, ocurrirá algo semejante a la hora de las discusiones sobre, digamos, reforma fiscal.

Quizá sea justamente en el rubro fiscal en el que la administración calderonista comience a poner en práctica su estrategia de ganarse la confianza de los legisladores a fin de que aprueben, durante el año que está por comenzar, las modificaciones que a gritos demandan el gobierno, la economía y la sociedad. Como se ha visto cada fin de año, y el actual no ha sido excepción, resulta imposible sostener, con recursos cada vez más limitados, presupuestos fiscales que satisfagan las ingentes necesidades nacionales en seguridad pública, salud y bienestar, y fomento económico. México es uno de los países del mundo en que el gobierno recauda menos impuestos como proporción de su Producto Interno Bruto, y esa situación no puede continuar imperando.

Por otra parte, el cobro de impuestos demanda una mayor responsabilidad en cuanto al uso de los recursos por parte del gobierno, que la observada hasta la fecha en México. Los causantes tienen derecho a exigir mejores servicios públicos, antes de que se les pretenda imponer impuestos mayores. En vez de cada año parchar el Presupuesto con impuestos al consumo de bienes como, en esta ocasión, cigarrillos y refrescos, o de depender de precios anticipados altos del petróleo mundial, es tiempo de que todos los actores políticos, en particular gobierno y legisladores, antepongan los intereses del país y la sociedad a los de sus partidos y programas personales, y permitan que el erario nacional disponga de recursos apropiados.

Si en 2007 no se lleva a cabo una reforma fiscal seria -que entre otras cosas meta en cintura a los grandes evasores de hoy, como el comercio informal o las corporaciones que declaran una mínima parte de sus fuertes ganancias-, las posibilidades de caminar hacia una reforma del Estado serán casi nulas. Una mayor captación de ingresos fiscales depende más de la racional y transparente administración de los impuestos, y de sistemas sencillos y claros de recaudación, que de tasas impositivas más altas. Por otra parte, no olvidemos que la reforma fiscal es apenas una de las muchas transformaciones que se requieren para que contemos con un Estado funcional, eficiente e inclusivo.

Profesor investigador de El Colegio de México