La austeridad llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Presupuesto de Egresos 2007, aprobado por la Cámara de Diputados, quitó al Poder Judicial poco más de 4 mil millones de pesos respecto a lo que recibió el año anterior. Jueces y magistrados, como en todas las demás áreas del quehacer nacional que se nutren de recursos públicos, tendrán que apretarse el cinturón y demostrar que pueden ser eficaces con menos recursos.

Hay posiciones encontradas respecto a la pertinencia de dicho recorte. El diputado de Convergencia, José Manuel del Río Virgen, considera que el "tijeretazo presupuestal" pone en riesgo la seguridad jurídica de los mexicanos, y que los recursos no son suficientes para cumplir con sus obligaciones constitucionales.

Especialistas en temas de seguridad y justicia -como José Luis Piñeyro y René Jiménez Ornelas- consideraron que el recorte fue adecuado, sobre todo la disminución de recursos para el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral, aunque advirtieron que los ahorros tendrán que hacerse en gasto corriente y no en áreas que afecten directamente la impartición de justicia.

Mientras no se transforme el régimen fiscal y se mejore la recaudación en el país, el Presupuesto año con año tendrá que acomodarse para las nuevas y crecientes necesidades, cuidando que México no detenga su marcha. En este caso en particular, la lógica de la reasignación no debe obstaculizar el proceso de mejoramiento del sistema de impartición de justicia, que es forzadamente parte de la cadena de uno de los temas del momento: el retorno al país del imperio de la ley y la seguridad.

Ese loable fin no obsta para reconocer que el sector judicial ha sido objeto de amplios cuestionamientos por los altos sueldos y prestaciones que perciben sus integrantes, muy superiores a los de cualquier otro ámbito del sector público y cuya desproporción quedó todavía más en evidencia cuando el presidente de la República, Felipe Calderón, decretó una disminución de sueldos en el Poder Ejecutivo.

Si bien los jueces y magistrados requieren realizar su labor en condiciones dignas, no tienen por qué distanciar sus percepciones escandalosamente de la realidad nacional.

Hay que reconocer que, días antes de que los diputados aprobaran el Presupuesto de Egresos, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sensibilidad política y social, pero también como consecuencia de una opinión pública molesta por los excesos, determinaron por unanimidad extinguir y liquidar el fideicomiso existente para su retiro o jubilación, lo que dio cierto margen de maniobra a los legisladores para cuadrar números.

La necesidad de los recortes alcanzó al Poder Ejecutivo y al Judicial, pero se extraña que el Legislativo no haya sido tan duro consigo mismo como lo fue con los demás. Los legisladores ni siquiera consideraron reducir el gasto de las cámaras ni las prerrogativas partidarias, como lo planteó directamente uno de los suyos. Si el buen juez por su casa empieza, entonces la austeridad impuesta a otros por los diputados y senadores es incompleta.