Los legisladores federales analizan en estos días el paquete económico del próximo año 2007. Es un asunto fundamental para la República, porque en él se respaldan los proyectos que ejecutarán los gobiernos, no sólo federal, sino estatales y municipales, así como los institutos autónomos, las universidades y muchas organizaciones a lo largo del país.

Cada año, la discusión es intensa porque son muchos los programas que se deben atender y los recursos resultan insuficientes. Como se dice coloquialmente, es la misma cobija para todos y si se jala de un lado se descubre otro. La tarea en este tema es priorizar y al hacerlo se define la política de desarrollo que se plantea para el país. Por eso, este periodo es fundamental, porque en el presupuesto se definen las prioridades de los gobiernos.

Saludo con gran gusto la postura de los legisladores que, en el estudio de las propuestas y los proyectos que han recibido, tanto de la Federación, como de los estados y los municipios, decidieron, ahora sí, emprender a la brevedad una reforma fiscal, tan necesaria, que nos permita contar con más recursos haciendo más eficiente la recaudación y modernizando nuestro marco jurídico.

Somos un país con muchas necesidades urgentes, que demanda inversión en escuelas, hospitales, carreteras y caminos y apoyos para el campo y para la inversión productiva. No podemos atender las demandas de la gente si continuamos siendo el último lugar en recaudación fiscal de entre los miembros de la OCDE.

Promover el desarrollo y aprovechar las condiciones demográficas de México en este momento, el bono demográfico, pasa por la necesidad de incrementar los recursos del Estado con gravámenes progresivos, que incorporen a más sectores en la tributación y, sobre todo, que siga principios de justicia social, para que quien más gane, aporte solidariamente al desarrollo de los que se encuentran en rezago.

Al mismo tiempo, es indispensable que el uso de los recursos públicos, donde sea que se ejerzan, se manejen con absoluto cuidado y con transparencia. Ya sea en el gobierno o en organizaciones sociales, o en institutos autónomos, o en las escuelas y universidades, la transparencia debe ser la norma.

Para ir a una reforma fiscal es indispensable dar certeza del manejo cuidadoso y responsable de los recursos. Aunque se ha avanzado con las leyes de transparencia, todavía hay algunas dependencias del gobierno federal, algunos gobiernos estatales y organizaciones que podrían mejorar en este renglón y permitir una rendición de cuentas más satisfactoria hacia la sociedad. En una verdadera relación democrática, las suspicacias que se generaron en el régimen vertical y discrecional, deben quedar en el pasado. Estoy convencida de que ningún esfuerzo a favor de la transparencia será excesivo, porque esto nos permitirá reestablecer la confianza de los ciudadanos y avanzar hacia nuevas formas de participación en corresponsabilidad. Sin duda es indispensable que los ciudadanos cuenten con la garantía de que no se cometerán abusos, ni desvíos.

Por eso, con otros colegas gobernadores hemos presentado una propuesta de ley para que quienes reciban recursos del erario, independientemente del ámbito en el cual se encuentren, sean sujetos obligados para responder a las solicitudes de información sobre el manejo de esos apoyos.

La escasez de recursos nos obliga a planear para impulsar proyectos que generen mayor impacto en las regiones. Y para que ello sea viable, es indispensable que en la elaboración del presupuesto se instale una Comisión Multisecretarial para que, junto con los gobernadores, se programen recursos suficientes para su realización, con una visión multianual, que le dé viabilidad financiera y evite su rediscusión constante.

La reforma fiscal es indispensable, pero también es importante que avancemos para eliminar los resquicios del viejo régimen y realicemos reformas que consoliden una nueva gobernabilidad, participativa, democrática y transparente.

Gobernadora de Zacatecas