| P or definición y construcción, todo presupuesto público es una expresión de disyuntivas. La escasez de los recursos disponibles en una economía obliga a optar, pues es imposible satisfacer a plenitud las necesidades de todos los individuos y organizaciones, incluyendo el gobierno. En esta toma de decisiones tan simples y a la vez tan complejas de a quién exigir que aporte y a quién beneficiar es donde la economía política se muestra en todo su apogeo. En el presupuesto queda explícita la lucha entre intereses de toda índole: los de orden público y del Estado definidos por la Constitución y las leyes, los intereses privados, los intereses sociales, las presiones externas e internas. En este proceso, el gobierno en su sentido amplio, ejecutivos y congresos tienen un papel relevante, pues inciden en una redistribución de recursos entre población de diversos estratos de ingreso, grupos económicos, regiones y en especial entre generaciones. Este último aspecto es al que menos importancia se le ha dado, de tal manera que queda impune el uso de la renta económica del petróleo para consumo o gasto corriente, y por lo poco que se hace para preservar el ambiente. Para el caso del presupuesto del gobierno federal mexicano, el tamaño del presupuesto está limitado por su capacidad de recaudación vía impuestos, derechos, aprovechamientos y productos, la extracción de hidrocarburos y la colocación de nueva deuda. A su vez, el presupuesto de sus entes paraestatales está dado por el volumen de ventas de bienes y servicios, los precios y tarifas que cargarán a los usuarios, los subsidios y transferencias que reciban del gobierno, así como del endeudamiento. Por lo que se refiere concretamente al primer paquete económico del presidente Felipe Calderón que envía al Congreso de la Unión, cabe mencionar que está orientado fundamentalmente a que las finanzas públicas contribuyan a preservar la estabilidad macroeconómica. Desde la perspectiva de los grandes agregados aporta poco para el crecimiento económico y la generación de empleos, pues la inversión física en infraestructura que emprendería el gobierno apenas aumentaría 3.0% respecto del presupuesto que se aprobó para el 2006, y el gasto corriente continúa con tendencia creciente por la nómina gubernamental, en particular la de las Fuerzas Armadas y las áreas de seguridad, así como de las pensiones. Cabe destacar también que empiezan a presupuestarse una serie de reservas por un monto cercano a los 60 mil millones de pesos como resultado de que el precio del petróleo superará los 22 dólares por barril, nivel a partir del cual se activa un derecho para el fondo de estabilización de ingresos petroleros. Más allá de qué secretaría u organismo vio su presupuesto variar a la baja, o qué industria o grupo de consumidores pagará más impuestos, persiste una discusión fundamental en torno de la orientación del manejo que se hace de nuestras finanzas públicas, que surge de cuestionar un pequeño detalle: ¿por qué se insiste en hablar de la solidez de las finanzas públicas gubernamentales o déficit cero cuando el presupuesto del gobierno federal se cubre con una solicitud de endeudamiento neto por 240 mil millones de pesos? Este punto que es el medular ha pasado inadvertido en la discusión pública. Y desde luego, implica una disyuntiva básica para el desarrollo del país, la cual radica entre seguir siendo el país que requiere de la supervisión constante y aval del Fondo Monetario Internacional (FMI) porque carece al interior de los contrapesos necesarios para adoptar la disciplina fiscal expresada en su propia Constitución, o ser un país que se conduce dentro de las mejores prácticas de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que como país democrático, con libertades individuales garantizadas y el desarrollo de mercados en competencia, puede promover crecimiento económico con una mejor distribución del ingreso. ¿Cómo está ligada esta disyuntiva con la solicitud de endeudamiento? Simplemente para el FMI las finanzas públicas equilibradas se dan aunque el déficit del gobierno federal se compense con un superávit artificial de las paraestatales, principalmente Pemex y CFE, que paradójicamente se les permiten Pidiregas, que a su vez son endeudamiento pero que no se contabilizan como déficit. En contraste, la práctica (no mandato) que siguen los países de la OCDE, es definir el balance gubernamental para efectos del cálculo del déficit fiscal sin las operaciones de sus paraestatales. Es un absurdo continuar con esta simulación de equilibrio fiscal o de cero déficit, porque de seguir con este modus operandi será imposible justificar y construir una auténtica reforma de la hacienda pública que permita abatir entre otros aspectos el gigantesco déficit de Estado que afecta a México. Por ello resulta muy alentador que el nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, haya invitado a los legisladores y a los gobiernos estatales a una discusión profunda sobre este tema a partir de 2007. jachpresa@yahoo.com.mx Economista |
