El inicio de un nuevo gobierno suele ser un periodo de "luna de miel" entre gobernados y gobernantes. La llegada de un nuevo equipo de funcionarios suele ser una inyección de ánimo renovado por desarrollar las tareas encomendadas con creatividad y eficacia para ganarse el respaldo de la opinión pública y, desde luego, la confianza del Presidente. Paralelamente, del lado de la población surgen expectativas de que marchen bien las cosas, esperanzas de cambios que mejoren sus condiciones de vida. Por ello, lo que haga un nuevo gobierno durante los primeros meses es clave para cimentar la confianza en que habrá una adecuada conducción pública a lo largo de toda su administración.

Después del litigio postelectoral casi interminable, Felipe Calderón asumió el poder con una legitimidad de origen mermada, que lo obliga a ser doblemente audaz en el arranque de su gobierno para contrapesar ese déficit en el reconocimiento social de su autoridad. En este contexto, cobran particular importancia las políticas simbólicas que pesan en las percepciones de la población, es decir, que alimentan el imaginario colectivo, dando lugar a condiciones adecuadas para que el gobierno tenga mayores márgenes de maniobra para desplegar políticas reales.

Todo gobierno combina en su ejercicio políticas reales y políticas simbólicas, es más, todas las políticas contienen una parte real y otra simbólica y, dependiendo del peso de una u otra, podrán identificarse como reales o como simbólicas. Mientras las reales tienen un impacto objetivo en los distintos sectores de la vida social, las simbólicas apuestan más al efecto que provocan sobre las visiones y convicciones de la población que a su contenido concreto; es por ello que las políticas simbólicas juegan un papel importante en condiciones en que la legitimidad de un gobierno está debilitada.

Mucho se ha insistido en que la detención de Flavio Sosa y otros miembros de la APPO se asemeja a lo que hizo Salinas de Gortari al aprehender a Joaquín Hernández Galicia La Quina y a Carlos Jonguitud cuando acababa de asumir la Presidencia, después de las cuestionadas elecciones de 1988. Sin embargo, hay una diferencia entre los dos ejemplos, porque mientras en aquel entonces se trató de medidas para demostrar la fuerza del gobierno frente a líderes vitalicios de estructuras sindicales verticales que se consideraban intocables por parte de los gobiernos priístas, en esta ocasión la acción fue una manifestación de decisión del gobierno para empujar la negociación política desde una posición de fuerza, es decir, para avanzar en la resolución del conflicto oaxaqueño. Dicho de otra manera, mientras hace casi 20 años aquellos eventos estuvieron lejos de significar un rompimiento efectivo de las estructuras del sindicalismo oficial y, por lo tanto, su contenido fue más simbólico que real, en la actualidad el producto de la acción gubernamental es más concreto porque busca provocar situaciones reales específicas, aunque sin duda también hay una parte simbólica en el acto de detención: se quiere convencer a la sociedad de que el nuevo gobierno está dispuesto a aplicar la ley, aunque ello implique reprimir a dirigentes de un movimiento popular.

En cambio, la disminución salarial de los altos funcionarios del gobierno federal es un típico ejemplo de una política simbólica porque afectará poco los ingresos de los colaboradores del Presidente, pero es un gesto de sensibilidad frente a reclamos de la sociedad de mayor austeridad gubernamental y, además, retoma una parte de la oferta de campaña de López Obrador, aunque en mucha menor medida, pero con menor nivel de demagogia.

Las acciones gubernamentales orientadas a reducir la corrupción de los funcionarios públicos, haciendo más transparente su gestión o sometiéndolos a un más eficaz escrutinio, son ejemplos ilustrativos de políticas con una carga simbólica importante. Por ello, someter a la justicia a funcionarios públicos salientes, o a personas muy cercanas a ellos como sus familiares, suelen ser mecanismos recurrentes de política simbólica.

En días pasados, el Informe de Transparencia Internacional volvió a colocar a nuestro país entre aquellos en que es mayor el registro de prácticas de corrupción gubernamental, de ahí que requiramos políticas permanentes que hagan más costosos los actos de corrupción, pero actos ejemplares y decisivos de combate a la corrupción con una fuerte dosis de política simbólica son también muy recomendables en este arranque de un nuevo gobierno.

Profesora de la FCPyS de la UNAM