E l movimiento oaxaqueño, originalmente magisterial, hoy experimenta un amplio crecimiento social-horizontal, generando -como ocurrió en los 90 en Chiapas- una clara conciencia de posiciones populares frente al poder. No puede ni debe reducirse a una visión superficial y miope considerándolo sólo un problema de revoltosos a los que debe someterse con toda la fuerza policíaca y los encarcelamientos masivos.

Lo ocurrido en Oaxaca, donde la sección 22 del SNTE planteaba una demanda laboral de homologación de salarios con otras regiones (conforme al principio de que a trabajo igual corresponde salario igual), debería haber tenido una solución consecuente o, al menos, una confesión de irresolubilidad presupuestal temporal. Por el contrario, el gobierno federal guardó silencio y el local recurrió a la represión. Esto no fue sino repetir las respuestas que en el 68 se dio a las demandas estudiantiles de justicia contra una agresión policiaca del gobierno de Díaz Ordaz. Éste levantó los hombros para ignorarlos y después desplegó cuerpos antimotines de granaderos para tratar de retraer o inhibir nuevas manifestaciones populares.

Si en el 68 se trasladó la demanda inicial de castigo a los excesos policiacos del ámbito estudiantil a toda la nación, ésta se proyectó hasta la exigencia de una democracia real y efectiva, no sólo en lo electoral, sino también en lo social, económico y cultural. Hoy Oaxaca sigue un curso semejante, donde el detonador de los maestros se propaga para despertar una conciencia adormecida víctima de un fraude electoral del gobierno de Ulises Ruiz. Contra lo que esperaban los autores del despojo electoral, la afrenta se guardó para explotar al conectarse con otras demandas del magisterio, que el gobierno creyó se iban a revertir contra los docentes por el efecto negativo en las actividades escolares, pero que, en cambio, provocaron la interconexión con infinidad de organizaciones sociales que espontáneamente se agruparon en la APPO.

En estos días, los maestros son sólo una de tantas organizaciones que conforman la APPO, que ha ido creciendo y cuya asamblea reconstitutiva de apenas hace dos meses planteó y asumió una dirección colectiva que ha permanecido y actuado con tal eficacia que produjo la respuesta irracional de la colusión del gobierno local con el federal para meter a la PFP. En una primera etapa tenía como objetivo sólo el control para después reprimir y aprehender, como en el 68, a grandes contingentes, incluyendo a líderes naturales, y liberar a algunos, desaparecer a otros y apretar a los que consideran más peligrosos por su ascendiente popular. El objetivo burdo del uso de la fuerza pública con sentido sectario es pretender atemorizar a la sociedad para resignarla a aceptar la derrota e imponer el poder de la violencia oficial.

Esta es no sólo una forma autoritaria, sino simplista y contraproducente para enfrentar un problema que no tiene otra salida que el cauce democrático del diálogo auténtico y la declaración de desaparición de poderes, para reconocer el derecho de autodeterminación a los oaxaqueños con la salida ipso facto del gobernador espurio. La tarea en adelante es del propio pueblo oaxaqueño para la integración de un gobierno con autoridades con vocación de servicio e identificación con las demandas y reclamos legítimos. Cada día será más difícil restañar heridas cuando éstas se están profundizando con asesinatos, desapariciones, suspensión de garantías y el encarcelamiento de quienes ejercieron su derecho de asociación y petición que consagra la Constitución.

El gobierno de Ruiz llegó a la locura en sus propósitos para desprestigiar a la APPO al ordenar el incendio en el Tribunal Superior de Justicia para justificar así el mayor grado de violencia contra el pueblo. La maniobra fue tan burda que nadie puede creer que el fuego, si se hubiera iniciado desde fuera, no sólo haya consumido parte de las instalaciones sino, con uniformidad, haya arrasado todo el edificio y sus contenidos.

Lo cierto es que las recetas represivas significarán echarle más leña a la hoguera. Podrán cobrar con sangre los poderosos el desafío del pueblo en el rescate de su decisión soberana. Pero a la larga la sangre derramada se vuelve a los sanguinarios que optaron por la falsa salida del uso de la fuerza, frente a la razón y el derecho.

Abogado