Las designaciones de funcionarios públicos que realiza un nuevo gobierno son fundamentales para entender cuál será la pauta a seguir en muchos aspectos. Es por ello que en uno básico, como es el referente a la imagen pública de algunos de los designados por este gobierno, no corresponde con las declaraciones, pocas por cierto, en materia de combate a la corrupción.

Pero no sólo es el gobierno federal el que tiene que poner el ejemplo sino también los otros órganos del Estado, como son la Suprema Corte de Justicia y el Congreso de la Unión.

Esta semana hemos leído que la Auditoría Superior de la Federación envió una comunicación al presidente en turno de la Cámara, sobre quiénes son los diputados de la pasada y la actual legislaturas que no han cumplido con la obligación de presentar su declaración de situación patrimonial, ya sea por conclusión o inicio del encargo, de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Es lamentable que todavía haya servidores públicos que incumplan con esa obligación legal, y en el caso de los diputados y senadores que se amparen en el fuero. Si fueran miembros del Ejecutivo federal se les podría cesar, pero a ellos habría que establecerles algún procedimiento en la Cámara para que no evadan esta responsabilidad.

En muchos países la declaración de situación patrimonial es un instrumento primordial para investigar no sólo el enriquecimiento ilícito, sino la existencia del conflicto de intereses que se puede presentar entre funcionarios y empresas privadas. Gracias a ella varias veces en Estados Unidos se ha procedido contra servidores públicos de alto nivel por conflicto de intereses.

Pero no sólo en los países desarrollados, también en nuestro mundo del subdesarrollo se "cuecen habas". El lunes pasado fue condenado a ocho años de prisión el ex presidente del Paraguay, el señor Luis González Maqui, por los delitos de enriquecimiento ilícito y falsa declaración de bienes. Durante su mandato se dedicó a robar dinero del erario y depositarlo en cuentas bancarias de Suiza y Estados Unidos.

Es por ello que un punto importante en el combate a la corrupción es que todos aquellos obligados a hacerlo, cumplan con ella y si no lo hacen que sufran las consecuencias, que son el cese y podría ser el desafuero.

Asimismo, es muy interesante lo que ha hecho el Presidente de México de hacer pública su situación patrimonial y la de su familia. Es la primera vez que en nuestro país un presidente lo realiza. En otros países las declaraciones de situación patrimonial pueden ser consultadas bajo ciertas normas, como es el caso de Estados Unidos, donde desde hace varios años cualquiera puede consultar la declaración de su presidente sin que ocurra mayor cosa.

El ejemplo del Presidente debería ser imitado por el resto de funcionarios de alto nivel, pues si nada deben nada deben temer y, sobre todo, pondría muy claro cuáles son las relaciones privadas de varios de ellos, ahora que se está volviendo común el cambiar del sector público al privado y después regresar como si nada hubiera pasado. Ahora deberá haber más cuidado pues supuestamente se tendrán que tomar decisiones que afectarían intereses de los grupos y personas más poderosos.

La ley no dice que la declaración patrimonial deba ser un documento privado y tampoco que deba ser público. En tal virtud, deberían ser los propios funcionarios quienes tomaran la iniciativa, siguiendo el ejemplo de su jefe. En el caso de los diputados y los senadores sería más difícil, sobre todo conociendo la fama pública de muchos de ellos y que da vergüenza que representen a sus comunidades en el Congreso. En el caso de los estados en los que también existe esa obligación, las declaraciones tampoco son públicas y los conflictos de intereses están a la orden del día, como hemos visto en semanas anteriores donde gobernadores, sin el menor tapujo, hacen negocios o reciben prebendas de personajes del sector privado acusados, entre otras muchas cosas, de pederastia y nada sucede. Si muchas de estas declaraciones se hicieran públicas el enriquecimiento ilícito sería demostrado de inmediato.

El Presidente debe ser muy cuidadoso en los nombramientos que hace o deja hacer a sus secretarios de Estado y directores del gabinete, dado que las señales pueden ser totalmente erróneas, como es el caso del señor Luis Pazos, designado en el organismo defensor de los derechos de los usuarios de los servicios bancarios, la Condusef. Al señor Pazos, cuando era director de Banobras, se le encontró y fue demostrado fehacientemente que utilizó el puesto público para su beneficio, al hacer comprar al organismo que dirigía libros de su autoría para después regalarlos a sus funcionarios. Este hecho, que está catalogado como una ilegalidad, hubiera bastado para que lo cesaran, cosa que no ocurrió. Pero lo que es peor, es que ahora le den otro puesto importante. Con estos ejemplos no se envía ningún mensaje claro de lucha contra la ilegalidad.

Durante el sexenio pasado se trató de reducir la importancia de la secretaría encargada del combate a la corrupción, incluso se le cambió de nombre por el de Función Pública, y su mayor dedicación fue logar una Ley del Servicio Civil de Carrera la cual, estando vigente, en muchos casos no se ha cumplido, debido a las excepciones que poco a poco se fueron dando; así, las secretarías más poderosas tienen menores limitaciones para cumplir con esta ley.

Los medios de comunicación también juegan un papel importante en la denuncia e incluso la investigación sobre hechos ilegales que cometen servidores públicos, pero también se pueden prestar, como ha sucedido, para servir a otros intereses que van más allá del combate a la corrupción. Al igual que se le exige a los servidores públicos comportarse con honestidad y eficiencia, así los medios deberían tener un mínimo de ética al momento de acusar a alguien de corrupción, sobre todo sin tener pruebas.

México cuenta con disposiciones legales en los ámbitos administrativo y penal para el combate a la corrupción que están a la altura de las mejores del mundo. Lo que falta es hacer que se cumplan. Que ante cualquier caso de desviación, sea de quien sea, se aplique la ley será la mejor garantía que tendremos los ciudadanos de un ejercicio honesto y claro del gobierno.

Analista político y economista