¡Háganle como quieran! Así, con esta frase, respondió el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ingeniero Rubén Aguirre, a una representación de la comunidad cinematográfica que lo fue a ver y que se hizo acompañar por varios senadores de la República, hace un par de semanas, para exigir el cumplimiento de la ley y dejar de ponerle trabas a la aplicación del artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que otorga un estímulo fiscal a los que inviertan en la producción de películas nacionales.

"Háganle como quieran, al cabo yo ya me voy en 15 días". El hecho y la frase describen con toda claridad el desdén -que no en pocas ocasiones es también desprecio-, del grupo que durante casi 30 años ha controlado la política económica en Hacienda hacia la cinematografía mexicana y muestra también la debilidad estructural del Poder Legislativo para hacer cumplir su voluntad.

Han logrado burlar, a lo largo de dos años, la aplicación de una norma jurídica votada por unanimidad en el Congreso y en la absoluta inmoderación desafían a uno de los sectores estratégicos en la preservación de la identidad nacional, en la propagación de valores, tradiciones y costumbres de nuestra rica y diversa cultura mexicana.

Estamos exactamente a un mes de que se vuelva a hacer de agua el mecanismo planteado por el artículo 226. De hecho la pretensión es que se vuelva a recorrer todo el proceso legislativo, supuestamente para mejorar la redacción y no dar lugar a las interpretaciones torcidas de la misma burocracia hacendaria que lo ha resistido. Pero ello, en el fondo, es una trampa. Exactamente esto fue lo que plantearon hace un año, cuando se tuvo que modificar lo aprobado por el Congreso, en diciembre de 2004, y la redacción actual fue estudiada y convenida con la propia Secretaría de Hacienda; es más, el secretario Francisco Gil Díaz, recibió un dictamen técnico sobre el tema, y directamente externo su visto bueno a la medida.

Durante el primer semestre del 2006, el incentivo se uso en el discurso político del área de cultura del gobierno federal, con todo y que fue un impulso meramente senatorial el que le dio origen, se entretuvo con la elaboración de las reglas de operación, y quiere terminar ene. Descaro del "háganle como quieran".

No es desconocimiento sobre la derrama económica que genera la producción cinematográfica, esos datos también los tuvo en su escritorio Gil Díaz; se trata de una resistencia antinacional. En efecto, la circulación en la cadena productiva de una película mexicana, ofrece ganancias para todos los sectores, por supuesto la mayor parte para la exhibición, pero también en publicidad, distribución y servicios y la Secretaría de Hacienda recibe los impuestos de ese círculo. Hasta ahora los únicos que pierden son los productores, esto es, los que hacen la obra cinematográfica.

Resistencia antinacional porque no escapa a nuestros funcionarios de Hacienda la invasión de la cinematografía de Hollywood, que acapara más de 90% de las 3 mil 718 pantallas del país, y en la que se están formando y orientando afectiva e ideológicamente a la niñez mexicana. Esa cinematografía llega altamente protegida, con estímulos e incentivos y cuyo producto se vende al público al mismo precio que el mexicano, que no goza ni remotamente de la misma protección del Estado a su industria.

Por supuesto que la industria del cine es una actividad mercantil, pero es mucho más que eso, es una actividad cultural. Por eso los estados deben concurrir con programas de fomento, acordes a la circunstancia de cada país. No se trata de reeditar subsidios indiscriminados, sino mecanismos que incentiven el crecimiento, pensados en acreditamientos fiscales, incluso de carácter temporal.

En contraste con el desdén del gobierno mexicano a esta actividad, sólo hay que revisar lo que Francia y España han hecho para apoyar la producción cinematográfica, en cooperación con sus socios europeos. El primero destina fondos al cine, provenientes de: un monto proporcionado por el Ministerio de Cultura y Comunicación; una cuenta de apoyo que consiste en impuestos a las cadenas televisivas, a los casetes de video y sobre el precio de entrada al cine, y que se reintegran en su totalidad al sector audiovisual, principalmente al cinematográfico. Desgravación de impuestos para las empresas, que inviertan de una manera o de otra, en la industria cinematográfica. Un subsidio automático a los productores, que se calcula a partir de los ingresos de explotación de películas.

En España el apoyo del gobierno a la industria del cine ha aumentado en los últimos años, debido a la promulgación de la ley del 9 de junio del 2001, que se basa en el principio de resolución del Consejo de la Unión Europea que considera al cine como "la industria cultural por excelencia". Las ayudas son a través de imponer a las televisoras que 3% de los ingresos anuales se destinen a inversiones en la industria cinematográfica.

En efecto, el contraste es vergonzoso, aquí se dice "háganle como quieran".

Profesor de la FCPyS de la UNAM