Uno de los datos más firmes que nos arroja el proceso de transición política que iniciamos hace más de 30 años es el de la pluralidad. Antes, el régimen autoritario mostraba un rostro de unanimidad que estaba lejos de reflejar la realidad cotidiana del país.

Hoy, y señaladamente desde el 97 cuando por primera vez el Ejecutivo perdió el control de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la diversidad de opiniones y de propuestas políticas para atender los grandes problemas que enfrentamos, es una constante.

Esta diversidad enriquece al país, y no debe provocar rechazo ante lo diferente. Recuerdo cuando Porfirio Muñoz Ledo interpeló por primera vez al Presidente de la República, en un acto que es común en los parlamentos modernos y que, sin embargo, en nuestro país fue duramente juzgado, porque se leyó en los parámetros del viejo autoritarismo y no en los de los sistemas plurales.

En nuestra joven democracia son muchas las cosas -aunque quizá no tantas como quisiéramos-, los protocolos, las costumbres que se modifican ante la nueva realidad. Y al mismo tiempo es indispensable que realicemos las reformas que están pendientes para adecuar el andamiaje institucional a esta época de pluralidad.

El Presupuesto de Egresos de la Federación, por ejemplo, es presentado en forma unilateral por el Ejecutivo federal, cuando sus contenidos impactan a toda la Nación, y se determinan los recursos que irán para que los gobiernos estatales y municipales hagan frente a las condiciones de su población.

Ahora, cada año, los gobernadores estamos obligados a cabildear con las diputadas y los diputados federales la inclusión de aquellos proyectos que resultan estratégicos para el desarrollo de nuestras entidades. Sin embargo, lo deseable sería que el proyecto de presupuesto, antes de ser enviado al Congreso, presentara una sólida visión de desarrollo regional consensuada con los ejecutivos y actores locales para garantizar el flujo de recursos a obras y proyectos de gran impacto y de amplio beneficio social. Esto, además de la certidumbre financiera, constituiría un paso decisivo para avanzar hacia la corresponsabilidad en el ejercicio de los gobiernos. En la Cámara de Diputados está a discusión una iniciativa de Ley General de Planeación y Desarrollo Nacional y Regional aprobada por los senadores, que contiene éstos y otros criterios para la planeación democrática.

Si queremos que la democracia logre mejorar las condiciones de vida y que, por lo tanto, se consolide en nuestro país, es fundamental actuar en corresponsabilidad para que las decisiones se tomen considerando las opiniones de todos los actores involucrados. La unilateralidad, los criterios homogéneos y el autoritarismo son parte de un pasado al que no podemos regresar.

No podemos perder más tiempo. Hay 60 millones de personas que viven en la marginación y la exclusión y exigen políticas públicas para incorporarse al desarrollo. No puede haber desarrollo humano ni consolidación de la democracia mientras persista la desigualdad.

En las pasadas elecciones, casi 15 millones de ciudadanas y ciudadanos dieron su apoyo a Andrés Manuel López Obrador, quien enarboló la causa de la justicia social. Primero los pobres, no es un lema de campaña sino una obligación que el Estado tiene que atender como una prioridad si queremos alcanzar un desarrollo con equidad y justicia. Así lo recomienda también el reporte sobre Desarrollo Humano de Naciones Unidas.

Ésa es una causa que los gobernadores del PRD asumimos como propia y con la cual nos solidarizamos desde nuestras responsabilidades de gobierno. Estoy convencida de que el signo de estos tiempos debe ser la inclusión de quienes estamos comprometidos a afrontar este enorme reto.

Las diferencias políticas son naturales en un país tan diverso como el nuestro y no deben verse con alarma y menos con censura. Sin embargo, esto no debe ser pretexto para excluir, sobre todo cuando se trata de una fuerza política que concitó el apoyo de todos los que que votaron por un nuevo país, más integrado y más justo.

Si lo que queremos es darle calidad a la democracia, lo que debe predominar es la inclusión para impulsar un pacto social que garantice justicia, equidad, libertad y una democracia plena. Esta es la mejor forma de responder a quienes nos eligieron y a quienes nos debemos.

Gobernadora de Zacatecas