La protesta presidencial es en efecto un ritual, pero no puede obviarse sin incurrir en costos. No es verdad que los rituales sean siempre prescindibles; la majestuosidad del poder es hija de ellos, de hecho no hay poder que no se sostenga en símbolos. Si no fuese así, López Obrador no haría su ceremonia de autoproclamación, ni hubiera elegido un águila juarista como estandarte; bastaría con ejercer su cargo desde el mismo día que se lo autoconfirió, y tener una sábana como bandera.

Las repúblicas se nutren de los símbolos civiles, construyen su religión cívica y se mantienen por la virtud de sus ciudadanos. Es verdad que las ceremonias no son todo, pero son un momento de solemnidad para aglutinar a la comunidad en torno a los valores de la República.

A diferencia de los regímenes parlamentarios en los que la investidura del jefe de gobierno proviene de las mayorías partidistas, en el presidencial la legitimidad no la otorgan los diputados, sino el soberano. La contradicción de los sistemas presidencialistas es que dos poderes son producto de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos.

La protesta ante el Congreso no es un acto faraónico que humille la dignidad de los legisladores. Es, por el contrario, un acto republicano, contemplado en la ley y, en estricto sentido, es el momento en el cual el presidente con legitimidad propia, protesta ante la representación nacional, confiriendo así una centralidad al Legislativo que éste, por supuesto, no acaba de asumir.

Un desaire inicial complicaría el arranque de Felipe Calderón, pero a la larga podría llevarlo a no poner en todo su sexenio un pie en San Lázaro. La miopía que caracteriza en estas semanas al PRD, lo lleva a creer que impedir su protesta es un desprecio al presidente, cosa que sin duda es, pero la humillación de hoy puede ser la arrogancia de mañana.

El gesto catártico puede dar pábulo a tendencias personalistas similares a las descritas bajo la categoría de las democracias delegativas que procrearon personajes como Menem y Fujimori, que decretaron, con el apoyo de una opinión pública harta de la politiquería, que el Congreso era un estorbo.

Si el juego institucional se devalúa y una buena parte de la opinión pública considera que el Legislativo es un circo de pasiones mal disimuladas, ¿cómo vamos a construir una democracia balanceada?

Más allá de agravios partidistas, los legisladores ya integran un poder del Estado y como tal deben comportarse. Es mejor marcar desde el inicio el juego de equilibrios y esperar un talante de diálogo con las fuerzas políticas y no fomentar que tras el desaire el presidente se refugie en las amplias capacidades que conserva e intente gobernar sin tomar a la izquierda en cuenta.

Las instituciones no son más que conductas que permanecen y los rituales son los que les dan solemnidad y lustre. Si devaluamos el protocolo republicano, quien más pierde en dignidad y en capacidad de influir es el Congreso.

Creo, por lo tanto, que por la propia salud del Congreso y sus integrantes, Felipe Calderón debe rendir, como es de ley, protesta ante el Congreso en pleno, pues el poder anfitrión tiene la representación efectiva de toda la nación.

Analista político