La situación de Oaxaca duele, y mucho. En uno de los estados que más han influido en la cultura mexicana, región que enorgullece por sus pueblos milenarios, donde la cocina es una referencia a nivel nacional e internacional, donde el periodo colonial dejó extraordinarios legados arquitectónicos, tierra de próceres y artistas que han contribuido a definir nuestra mexicanidad, ahí ha hecho crisis una situación política, ahora fuera de control.

Por la razón que sea, históricamente el magisterio agrupado en la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) adquirió un extraordinario peso político, al grado que durante décadas gobiernos de todos los órdenes han buscado coexistir con ésta, más que buscar soluciones de fondo a sus demandas, así como a la marginación y la pobreza en ese estado.

El daño infligido a la economía y la sociedad de Oaxaca es devastador. Una encuesta estatal de GEA-ISA, levantada en hogares a principios de noviembre, indica el profundo desconsuelo de su población por la situación y perspectivas del estado. Es difícil encontrar un antecedente de mayor pesimismo: ahora 64% de la población considera que la situación económica de la entidad es mala, y en el municipio de Oaxaca 81% piensa lo mismo. Algo similar sucede en lo político, pues 81% de la población del estado señala que la situación es mala, porcentaje que aumenta a 89% en la capital.

La crisis ha hecho aflorar sentimientos contradictorios y dejado heridas muy profundas. La mayoría de la población, 83%, rechaza las acciones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO); 75% considera injustas sus demandas. Además, la mayoría tampoco simpatiza con la sección 22 (58% opina que no representa los intereses del magisterio oaxaqueño), y 63% cree que sus reclamos y peticiones no se justifican. Al mismo tiempo, existe un sólido rechazo al gobernador actual, Ulises Ruiz, y a la manera como ha manejado la crisis en el estado. Más aún, desde la perspectiva de la mayoría de la opinión pública no existen liderazgos locales fidedignos, capaces de encontrar solución a un conflicto que está a punto de cumplir seis meses.

El rechazo abarca prácticamente todos los liderazgos actuales y potenciales. Ninguno de los ex gobernadores alcanza una opinión neta positiva (diferencia entre positiva y negativa) de la mayoría de los ciudadanos del estado. Por ejemplo, más de la mitad de los entrevistados (51%) expresa una opinión negativa de la administración de Ulises Ruiz. La opinión sobre las administraciones de los últimos gobernadores corre una suerte similar. Lo mismo sucede con Andrés Manuel López Obrador, quien tiene una opinión neta negativa (41% positiva por 46% negativa) entre la población del estado; en la capital sólo 36% tiene una imagen positiva por 50% negativa.

El único político oaxaqueño de alto perfil que recibe aprobación por parte de la mayoría de los entrevistados es el ex candidato de la alianza PRD-PAN a la gubernatura del estado, Gabino Cué: 60% de la población oaxaqueña tiene una imagen positiva de él, y sólo 23% negativa. Este hecho está directamente relacionado con un cambio en el balance de las fuerzas políticas del estado. Como resultado de esta profunda crisis, en Oaxaca el PRI ha perdido su condición histórica como la primera fuerza política. Ahora la población se identifica mayoritariamente con el PRD (34%), mientras que el PAN se afianzó como la segunda fuerza (27%). El rechazo al PRI es amplio, pues sólo 21% de la población se identifica con esa opción partidista. Si hoy se realizara una elección, sólo Gabino Cué tendría los sufragios necesarios para alcanzar la gubernatura.

Una de las lecciones que deja el conflicto en Oaxaca es que, a pesar de lo extendido del rechazo a Ulises Ruiz, su gobierno y su manejo de la crisis, la población no justifica que quienes se oponen a él recurran a acciones que lesionan a la población. Por ejemplo, 82% de la población del estado señala que no está de acuerdo en que los maestros hayan recurrido a la suspensión de clases como instrumento de su demanda por la renuncia del gobernador Ruiz.

Dicho desacuerdo se da entre simpatizantes de PAN (89%), de PRI (91%) e incluso de PRD (74%). Lo mismo sucede con la APPO, pues 61% de la población del estado tiene una opinión negativa de dicha Asamblea, en lo que coinciden simpatizantes de todos los partidos; 71% de los entrevistados afirmó que la APPO "no representa los intereses de la población oaxaqueña". En general, 84% de los oaxaqueños considera incorrecta la forma en que la APPO y los maestros buscan satisfacer sus demandas.

El hartazgo con las acciones emprendidas por los maestros y la APPO es tal, que los oaxaqueños justifican que se haya empleado la fuerza pública (65%) para acabar con la suspensión de clases, el cierre del centro y las barricadas, opinión que comparten simpatizantes de todos los partidos. En todo caso, los oaxaqueños consideran que la responsabilidad para resolver el conflicto recae en el gobierno federal (51%).

Como el presidente Fox no resolvió el problema en Oaxaca antes del cambio de gobierno (59% de los oaxaqueños desaprueba la gestión del conflicto por parte del gobierno federal hasta ahora), tocará a Felipe Calderón como presidente solucionar dicha crisis. En balance, los oaxaqueños expresan una opinión favorable de Felipe Calderón, pues 48% la tiene positiva y 34% negativa, lo cual representa una opinión favorable de 14%. Además, confían en que el nuevo presidente solucionará el conflicto pues, por una parte, están en desacuerdo (68%) con que la APPO intente impedir su toma de posesión y, por otra, la mayoría (58%) considera que el nuevo presidente será capaz de resolver la crisis en la entidad.

Oaxaca llora su tragedia, que no nació hoy sino hace muchos años, décadas o quizá siglos. El dolor es más fuerte porque la atención de sus problemas se ha pospuesto recurrentemente. Los mexicanos compartimos su sufrimiento y frustración.

jreyes@structura.com.mx

Economista