El actual gobierno empezó mal y termina peor. Ésta es la conclusión que se puede sacar después de seis años en los cuales los mexicanos hemos sufrido una de las peores presidencias de la historia moderna. Pero en el tema tan sensible de la corrupción y los hechos ligados a ella, las consecuencias serán terribles para el Presidente y su entorno. Nunca se distinguió por ser un adalid del combate a los hechos irregulares y hasta le cambió el nombre a la secretaría que antes se llamaba de la Contraloría quizás, como parece fue el caso, para minimizar su accionar.

Las denuncias de corrupción durante esta administración han sido bastantes y lo que más indigna es que muchas de ellas se refieren al entorno presidencial. El enriquecimiento rápido y sorpresivo de familiares del Presidente y de su actual esposa; el manejo irregular en la organización Vamos México mezclando intereses particulares con la actividad pública, son casos que no están resueltos y que generarán mucha actividad y comentarios en el próximo gobierno.

Ahora, al final del desastroso sexenio, nos encontramos con la denuncia ante los tribunales de un despacho de abogados por no pagarles sus emolumentos profesionales, cercanos a los 3 millones de dólares, y los denunciados son nada menos que el hasta ahora Presidente y varios de los que eran sus más cercanos amigos. Contrataron al citado despacho para que los salvara de una posible condena por haber violado la ley electoral y conseguido financiamiento prohibido.

Al final de cuentas el IFE encontró que estos hechos eran ciertos y por ello multó al PAN, pero dejó sin multa o condena a las personas involucradas, empezando por el Presidente.

Por cierto, este hecho es otra muestra de la urgente necesidad de modificar las leyes electorales y penales, pues en una situación como ésta en la cual se comprobaron ilícitos, lo único que se hizo fue multar a un partido, que con los jugosos recursos que le da el Estado puede, sin problema, pagar las multas; amén de que si recibieron financiamiento ilícito del exterior quién sabe cuál fue realmente la cantidad, cuánto se les demostró y cuánto guardaron para posibles multas.

Hemos visto que en la reciente campaña electoral se pudo comprobar que desde oficinas y máquinas del gobierno federal se enviaron más de 7 millones de correos electrónicos para denostar al candidato del PRD y la fiscal especial para Delitos Electorales declara simple y llanamente que la ley no contempla estos casos y por lo tanto nada se puede hacer.

La legislación electoral vigente parece ser un incentivo para cometer irregularidades, ya que al fin y al cabo se concluye pagando una multa con recursos públicos. Así de magníficas son hoy nuestras leyes en este tema.

Regresando al caso del hasta ahora último caso de corrupción del gobierno actual, ya que todavía les falta una quincena y todo puede pasar, nos hemos enterado al detalle de todo lo sucedido desde que se presentó la denuncia gracias al enojo de uno de los principales colaboradores del Presidente en aquellos años felices de, según parece, campaña ilícita. El señor Lino Korrodi ha explicado la cantidad de irregularidades que el Presidente y varios de sus principales colaboradores ejecutaron y por las cuales deberían, y espero que suceda, ser sancionados, si no en éste, sí en el próximo gobierno.

Como siempre, el cínico y mentiroso vocero de la Presidencia ha declarado, ante los pocos periodistas que todavía se animan a ir a Los Pinos, que el asunto "es entre particulares" y deberá de ser probado en tribunales. Esto sería cierto si el demandado no fuera, ente otros, el Presidente de la República en funciones, además de, lo que es inadmisible y el vocero seguro la sabe, la cantidad de funcionarios públicos que han tenido injerencia en el asunto, siendo como dice el vocero "entre particulares".

Los más activos que designó el Presidente para resolver el asunto han sido el ahora senador, y antes poderoso jefe de la Oficina de Innovación Gubernamental, el procurador general de la República, el secretario de Gobernación, el secretario de Relaciones Exteriores, pero también al inicio del caso y, según el señor Korrodi, el actual senador Santiago Creel y, por supuesto, no podía faltar el ex senador Diego Fernández de Cevallos. Estas son personas con carácter de servidores públicos con conocimiento de un hecho irregular y que han intentado taparlo mediante una negociación con los abogados demandantes.

Como todo apunta, este caso, como otros de la familia presidencial, no terminará antes que su gobierno, y entonces continuará o mejor dicho empezará el verdadero infierno cuando, ahora sí como particulares, se enfrenten a los hechos corruptos que han permitido o en los que han intervenido. El próximo presidente no tendrá más remedio que dejar que la justicia intervenga y actúe, ya que entre otras cosas, lo beneficiará para el desmarque total de su antecesor. No habrá necesidad de hacer una cacería de brujas, los hechos son del conocimiento público.

Es lamentable que al final de este sexenio en México la corrupción sea uno de los temas dominantes y, lo que es peor, que particularmente el próximo presidente no se haya manifestado o mencionado qué acciones va a tomar para reducir este cáncer que tiene nuestro país.

Si el 1 de diciembre no hace una declaración enérgica y sobre todo escoge bien al responsable del área y se pone a trabajar, su régimen será otro más de corrupción creciente e inefectividad del gobierno federal para combatirla.

No hay que temer al combate a la corrupción y a las sanciones, ya sean penales o pecuniarias, de los funcionarios públicos involucrados en ella. En países como Francia no pasa semana sin que alguno de ellos sea metido a la cárcel, inhabilitado o condenado a pagar multas; esta es la forma como los gobiernos deben responder ante la corrupción, no haciéndolos senadores o diputados para que tengan fuero.

Sería recomendable que el Presidente dejara de decir tonterías, como lo ha manifestado, y consiguiera un departamento aquí, porque seguramente va a tener que venir frecuentemente cuando lo cite el juez. También, que consiga muchas presentaciones en exterior y que los emolumentos que le paguen los vaya juntando para resolver la demanda de los abogados que lo defendieron de hechos ilícitos y por los cuales no debería haber sido Presidente.

Analista político y economista