P or lo menos resulta extraño que entre las propuestas de reforma institucional que han circulado después del 2 de julio, no se encuentre ninguna dirigida a racionalizar el ejercicio del Poder Ejecutivo federal que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80 de la Constitución, recae exclusivamente en la persona del presidente de la República.

Tal vez la fuerte carga histórica y simbólica que transportan consigo los actores políticos en activo, hijos del presidencialismo autoritario, los conduzca a suponer como lo creía Vicente Fox en el 2000, que bastaba con llegar a la silla presidencial para que los males del país se resolvieran por voluntad presidencial. Buena parte de las contrahechuras políticas que se vivieron en los años de la presidencia imperial del PRI y ahora en la declinante presidencia por omisión del PAN, se deben a las limitaciones del diseño constitucional para ofrecer las condiciones de posibilidad de un ejercicio eficaz, eficiente y efectivo del Poder Ejecutivo federal.

El diseño constitucional del gobierno presidencialista tiene un rendimiento decreciente para garantizar las condiciones mínimas de gobernabilidad que requiere el país. El Poder Ejecutivo federal tiene un carácter unipersonal. En la Constitución no existe ninguna referencia al gabinete. Los secretarios lo son del presidente y, por lo tanto, el único que tiene que rendir cuentas al Poder Legislativo es el presidente. No existe ninguna responsabilidad directa de los secretarios ante el Poder Legislativo. No hay disposición legal ni mecanismo institucional que permita el control democrático del poder presidencial.

La concentración en una sola persona de la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno, en las condiciones de competencia y pluralidad inestable que vive el país, imposibilita que el presidente se pueda alzar por encima de las diferencias partidistas. Tiene que meterse de lleno en el proceso de negociación con los partidos de oposición para forjar las coaliciones parlamentarias que permitan gobernar y legislar, con todo el desgaste que ello implica. Además, los partidos políticos buscan la interlocución directa, porque ni siquiera el secretario de Gobernación se encuentra en condiciones de ofrecer certidumbre en las interlocuciones entre el gobierno y la oposición.

El presidente, al no disponer de los mecanismos legales para delegar funciones, tiene que hacerlo de manera discrecional en algunos colaboradores, que por esa vía ejercen un mayor poder del que les corresponde. En los últimos tres sexenios, el margen de mayor discrecionalidad en el entorno del presidente ni siquiera fue ejercido por un secretario, sino por colaboradores que no tenían el rango de secretarios ni de subsecretarios, y cuyas funciones ni siquiera se encuentran previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública; tal fue el caso de José Córdoba con Carlos Salinas, de Liébano Sáenz con Ernesto Zedillo y de Ramón Muñoz con Vicente Fox.

Los excesos, ineficiencia e incluso ilegalidad de las acciones y decisiones de la Presidencia de la República no son exclusivos de la época del PRI. El problema radica en el desfase evidente entre la complejidad de la vida política y el diseño anacrónico del gobierno presidencial mexicano. Estos problemas muy pronto se harán evidentes en el gobierno de Felipe Calderón, si no se entienden y procesan adecuadamente las causas múltiples que propician la inoperancia institucional de la Presidencia, tal y como se encuentra diseñada en la Constitución. Esta cuestión debería ser motivo de un esfuerzo de consenso entre el gobierno en ciernes y la oposición, para realizar las reformas constitucionales y legales mínimas que permitan la rehechura del Poder Ejecutivo federal con base en las mejores y más exitosas experiencias de diseño del presidencialismo constitucional y democrático.

No se trata de parlamentarizar in extremis el presidencialismo mexicano, sino de buscar nuevos mecanismos que permitan hacer más funcional y racional el ejercicio del poder presidencial. Se trata de disponer del diseño institucional y de los instrumentos legales que permitan forjar condiciones de gobernabilidad para el país. La incorporación de las funciones del jefe de gabinete podría ser el primer paso.

El Poder Ejecutivo federal no tiene soporte en una estructura de gabinete para ejercer sus funciones. Su carácter unipersonal es, además de anacrónico, inoperante. Ante esta omisión constitucional, es probable que la complejidad y urgencia de los problemas del país exija un neopresidencialismo eficaz, que terminará pasando por encima de las instituciones y la legalidad.

La puerta no se encuentra en el formato del gobierno de coalición, sino en el gobierno de gabinete. Porque como afirmara el diputado Querido Moheno en el ya lejano 1913, "queremos quitar ministros para no tener que derrocar presidentes".

Doctor en Ciencia Política y Sociología