La evolución de la democracia mexicana no es continua, sino que se da por entregas. A partir de la elección del 2 de julio se han sucedido varios acontecimientos trascendentes, que marcan el curso de esta etapa del desarrollo democrático del país, dejando huella en la ciudadanía. La interacción entre esos eventos y el electorado va conformando la realidad política de México.

El daño causado por una elección tan "cerrada", por el manejo de la información preliminar, y por el proceso postelectoral en la percepción pública acerca de la democracia fue sustancial. Llevará tiempo reparar ese daño, si bien hay signos de que el proceso se ha iniciado. La última encuesta nacional en hogares de GEA-ISA indica que 64% de la ciudadanía está insatisfecha con la manera como funciona la democracia en México. Dicho porcentaje, sin duda alto, está en línea con las percepciones en otras épocas, por ejemplo 64% en noviembre de 2005, y es menor que el máximo registrado durante este año: 72% en agosto.

Algo similar sucede con el deterioro de la imagen del IFE. Su credibilidad para garantizar la imparcialidad de las elecciones se desplomó 18 puntos entre junio (79%) y agosto (15%), para estancarse en octubre (52%). En lo que toca al Tribunal Electoral, 57% aprueba su decisión.

A pesar de los múltiples expedientes que permanecen abiertos en lo político, por ejemplo Oaxaca, la opinión pública sobre la situación política del país mejoró respecto de la de agosto; hoy 35% señala que es mala, en comparación con 40% en agosto. Es útil distinguir y comparar dos eventos políticos críticos acaecidos durante el último año. Primero, el intento por desaforar a López Obrador y, segundo, la cerrada elección presidencial. El intento de desafuero y la efervescencia política que éste suscitó cambió la percepción pública sobre la naturaleza de las reformas que requiere el país.

Por ejemplo, en mayo del año pasado sólo 16% de la ciudadanía consideraba que la sociedad mexicana debe ser cambiada mediante reformas "radicales". Sin embargo, para agosto de ese año dicho porcentaje aumentó a 29%, y se mantuvo en niveles de ese orden hasta junio, cuando fue 31%. Lo relevante es que la elección no cambió significativamente dicho porcentaje (33%). El cambio de fondo derivó del intento de desafuero, no de la elección reñida.

A pesar del difícil proceso postelectoral y del conflicto en Oaxaca, en términos de opinión pública el presidente Fox concluye su administración con la mitad de la ciudadanía (49%) que considera que durante su gobierno las cosas "cambiaron para bien", 30% que no cambiaron, y 20% que para mal. El perfil de su administración se ha ido definiendo, pues el electorado identifica el seguro popular como el mayor de sus aciertos, seguido del crédito a la vivienda, y luego de sus acciones en materia de combate a la pobreza, incluyendo el programa Oportunidades.

La elección modificó marginalmente la identificación de la ciudadanía con los principales partidos políticos, por ejemplo con el PAN de 33% en junio a 32% en octubre, con el PRI de 21% a 18%, y con el PRD de 30% a 29%. Este resultado es particularmente interesante si se consideran las marcadas fluctuaciones que mostraron dichas preferencias durante junio-octubre.

En lo que se refiere al presidente electo, Felipe Calderón, destacan varios resultados. Primero que el balance de la opinión pública sobre su persona (diferencia entre positiva y negativa) continúa siendo positivo (19%), nivel idéntico al de mayo. Quizá a este resultado contribuya su actuación en relación con las movilizaciones de López Obrador, pues 52% considera que sus mensajes han sido conciliadores y sólo 17% provocadores. En contraste, los otros ex candidatos obtienen balances negativos: Madrazo -20% y AMLO -10%.

El caso de López Obrador merece atención pues su deterioro entre la opinión pública ha sido sustancial y acelerado: de 24% en marzo a 10% en junio, a 1% en julio y a -9% en agosto. Contribuye que 58% de la ciudadanía está en desacuerdo con las movilizaciones que ha convocado para demandar la revisión de los resultados electorales. Además, 67% está en desacuerdo con que se haga llamar "presidente legítimo". Por último, sólo 22% está de acuerdo con su llamado para impedir que Calderón tome posesión el próximo 1 de diciembre.

A pesar de lo anterior, un porcentaje significativo (36%) de la población expresa que si las elecciones fueran hoy votaría por López Obrador, en comparación con 43% para Calderón.

El electorado mexicano se ha ido curtiendo con esta secuencia de eventos. De ahí que las expectativas sobre la gestión de Calderón sean mucho más bajas que las de Fox en su momento. Hace seis años 52% de la gente pensaba que la labor de Fox como presidente sería buena; ahora sólo 42% anticipa lo mismo de la gestión de Calderón. Por otra parte, 38% considera que la labor de Calderón como presidente será mejor que la de Fox y 44% que será igual.

Sin embargo 48% piensa que la situación económica de su familia cambiará para bien durante su gobierno.

Interpretar la profunda transformación que vive la política en México requiere particular cuidado. Un cúmulo de eventos políticos en un periodo relativamente corto ha sacudido desde sus cimientos al sistema político del país. Las instituciones son objeto de fuertes cuestionamientos, a los que deberán responder. Los partidos políticos enfrentan una situación crítica, que está gestando transformaciones todavía difíciles de anticipar. Las expectativas sobre la próxima administración se están forjando, con base en información limitada y después de una elección particularmente ajetreada.

El balance de las fuerzas políticas en el Congreso es muy diferente y anticipa una nueva dinámica en la definición de las acciones de gobierno. Sin embargo, la ciudadanía, el pueblo de México, mantiene el anhelo y la esperanza de que la situación mejore, de que la próxima etapa le permita prosperar y mejorar su condición, regresar gradualmente a lo que puede denominarse una nueva normalidad.

jreyes@structura.com.mx

Economista