Es una señal positiva que los diputados federales -ahora, efectivamente, representantes del pueblo, no de sus partidos-, los gobernadores del PRD y el presidente electo Felipe Calderón Hinojosa formulen sus agendas legislativas, las presenten públicamente y se dé paso a la búsqueda de coincidencias y a la exposición y argumentación de divergencias.

Como Calderón hizo notar acertadamente a los gobernadores del centro occidental del país, "para tener una visión completa se requieren todas las visiones".

El decálogo de reforma legislativa del Frente Amplio Progresista (FAP), integrado por el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo y el de Convergencia, dado a conocer ayer, es una buena noticia por sí mismo porque pone en blanco y negro su postura y lo hace en el marco institucional de San Lázaro.

Habrá que proceder ahora a encontrar puntos coincidentes, como los hay, en asuntos hasta hace poco muy controvertidos por la retórica de las campañas electorales.

La energía es un ejemplo. Calderón reafirma la rectoría del Estado en petróleo y electricidad, y anuncia que no se van a privatizar. El FAP rechaza igualmente la privatización.

Hay otras afinidades en insistir en el estado de derecho y el mejoramiento de las policías y la procuración de justicia, en reformas del sistema de recaudación fiscal, con la precisión de que la alianza alrededor del PRD es adversa al Impuesto al Valor Agregado (IVA) en alimentos y medicinas.

También dentro de las modalidades propias, el FAP, deseoso de responder al sentido de sus votos, pone el acento en la necesidad de fortalecer la política de bienestar social con la pensión a mayores de 70 años. Casi 400,000 ancianos reciben 700 pesos mensuales del gobierno perredista del Distrito Federal; su propuesta es ampliar el programa a todo el país.

Una primera exposición de pretensiones y algunos puntos de contacto entre las agendas en la mesa está lejos de configurar acuerdos, pero por sí misma, relega actitudes excéntricas.

Después de los desbordamientos pasionales, la vuelta a la política es un buen augurio.

La gobernadora de Zacatecas, Amalia García, lo tiene claro: su obligación no es dar constancias de mayoría electoral, sino promover el desarrollo de su entidad y contribuir a la creación de un país incluyente. Su compañero de partido y homólogo de Guerrero, Zeferino Torreblanca, en entrevista con este diario reconoce: "Aceptaremos, nos guste o no, los resultados de las instituciones que nosotros mismos nos hemos dado".

Se desbroza el camino a seguir. Parecen alejarse los empecinamientos en conflictos resueltos ya en lo esencial. La normalidad democrática se va restableciendo lenta pero consistentemente.

A cinco semanas exactas del cambio de gobierno es apropiada y oportuna la reorientación, por lo que toca a los partidos, los gobernadores y el próximo mandatario.

El panorama quedaría bien redondeado si en sus postrimerías la administración foxista hiciera lo mismo: entrarle de frente a la política, para resolver, mitigar o al menos encauzar los problemas pendientes hacia una solución, antes que dejarle el terreno minado a su sucesor.