Salinas terminó su sexenio inventando una oficina de coordinación para ocultar la incapacidad de su gobierno para controlar la inseguridad. Zedillo inició el suyo sentando las bases para un sistema de seguridad pública y de la PFP, pero en los últimos años de su mandato reconoció que los resultados en la materia eran decepcionantes. Vicente Fox inició su gobierno con dos innovaciones, una es la creación de la AFI -que es su principal logro en la materia- y otra la secretaría especializada en el tema.

A unos días de concluir su plazo constitucional, el Presidente no puede sentirse satisfecho porque además de la violencia interna que sufrimos, el asunto ha alimentado una presión externa cada vez más dura.

La inseguridad sigue siendo, después de tres sexenios, el problema que más preocupa a los mexicanos, pero no a las autoridades. Los gobiernos atienden el asunto como quien se ocupa de algún latoso a quien se debe torear para que no se desborde. No veo entrega ni compromiso verdadero.

No dudo que haya funcionarios comprometidos hasta la médula, pero está ausente, en mi opinión, un gran impulso del jefe del Estado y de los tres niveles de gobierno por atender el problema. No percibo en estos 18 años la misma seriedad y constancia con la que se han tratado, por ejemplo, los equilibrios macroeconómicos o el mismo vigor con el que se participa en los procesos electorales. Si una décima parte de ese rigor y ese entusiasmo que las élites demuestran en tales afanes, se dedicaran a la seguridad pública, otro gallo nos cantaría.

No creo que haga falta pagar millones de dólares a expertos extranjeros para que nos digan lo obvio, las debilidades son bastante palmarias. La primera es la ausencia de un mecanismo eficaz para atacar las ganancias de los criminales. Desde la pequeña escala que puede verse en el comercio de autopartes robadas, hasta los grandes flujos que el narco deja: ¿a dónde va el dinero? ¿Cómo es posible que tantos millones se limpien en la economía formal sin que ninguna autoridad se percate? Esta laxitud puede incluso incentivar a células terroristas a lavar dinero en nuestro país, como aparentemente es el caso de Hezbolá.

El segundo tiene que ver con los bienes confiscados. Si es verdad que se dan tantos golpes a los criminales, se podrían reforzar las leyes para confiscar todos los bienes de quien los haya conseguido de manera ilícita y de sus familiares próximos. Los bienes confiscados deberían transparentarse e ir con celeridad a una bolsa cuyo exclusivo destino sea el combate al crimen. ¿En qué rendijas se quedarán todos esos recursos?

El tercero es el reforzamiento de las policías locales. He escuchado de sectores bien informados (incluido el presidente electo) que una policía nacional sería una posible solución y me pregunto: ¿quién va ser el tigre que unifique bajo su mando a más de 200 mil policías y sea capaz de homogeneizar su comportamiento y garantizar su profesionalismo e integridad? No olvidemos que no se pudo integrar cabalmente la PFP, ésta funciona por el apoyo del Ejército. Tampoco soslayemos que la PGR ha tenido que "clausurar" una fiscalía encargada de la lucha antinarco por estar completamente amafiada. ¿De dónde van a salir los 200 mil federales? ¿Vamos a purificar por decreto a las policías locales por tener un mando federal?

Sin un compromiso político de primer orden de los alcaldes y gobernadores por ir limpiando su territorio, me parece que seguiremos con el eterno pendiente que en los círculos superiores no parece tomarse con la gravedad que tiene.

Analista político