E s imposible abstraerse y no pronunciarse sobre lo que está ocurriendo en la ciudad de Oaxaca. Si la educación importara tantitititi.tito, como seres humanos, ciudadanos, usuarios, clientes, padres de familia, no lo permitiríamos. Nos ocuparíamos para que las instituciones funcionaran adecuadamente y se evitaran situaciones de esa naturaleza.

El pecado de omisión combinado con abulia está causando estragos. En el caso Oaxaca todo falló, empezando por el gobernador, pero también falló el secretario de Educación Pública y las áreas de seguridad nacional, ambas responsabilidades federales. Sobresimplificar el problema, al extremo de resumirlo en la entrega de la cabeza de Ulises Ruiz, cuando la única instancia que puede ofrecer la "rezonificación" es el orden federal, es patético.

En el quehacer público el simplismo le es muy caro a la República, pues ocasiona efectos devastadores en el tejido institucional de una sociedad. El valor del orden sólo se conoce hasta que se pierde. Es un activo que se da por descontado, pero sin orden y paz la convivencia humana en sociedad es prácticamente imposible.

Al perfilar la salida del gobernador de esa entidad federativa como garantía de solución, y para ello involucrar con la papa caliente al Senado, no se actúa con seriedad.

La presente reflexión de ninguna manera es para eximir al gobernador en turno de sus errores, es para señalar las causas, y así exigirle a nuestros políticos y a quienes tienen en sus manos la delicada tarea de gobernar, que diseñen esquemas y se obliguen a respetar mecanismos existentes -jurídicos, administrativos y políticos.

El desastre social y político por el que atraviesa Oaxaca, que por cierto ya supera a cualquier desastre natural de esa región, tiene su origen en una demanda laboral del magisterio por un aumento a sus percepciones. Dicho incremento está envuelto dentro de la llamada "rezonificación". Hace varias décadas, con la finalidad de proveer de servicios públicos a lo que eran territorios, el gobierno federal adoptó la medida de otorgar un mayor pago al personal federal que laborara por esos rumbos, pues pocos querían mudarse. De esa forma el país se catalogó para efectos de pago a la burocracia federal, que incluye magisterio y personal médico y paramédico, en tres zonas.

En la administración del presidente Salinas, el magisterio y la gran mayoría de la burocracia pasó de la zona económica uno, la de menor remuneración, a la dos a través de un incremento salarial adicional de medio punto porcentual por año para que en el lapso de cuatro años esta zona se igualara con la zona dos. Desde luego que esa decisión no estuvo motivada o acompañada de medidas de productividad o calidad. Fue resultado de una negociación entre el Ejecutivo federal, el magisterio y la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).

De esta forma, únicamente quedaron en la zona tres los municipios en entidades federativas de vida económica cara, ubicados en los estados de Baja California, Quintana Roo, Campeche y Yucatán. Por ejemplo, este último estado para el caso de maestros tiene 106 municipios en zona dos y 15 en zona tres, donde destacan Progreso y Mérida. En otro estado como Aguascalientes todos sus municipios están dentro de la zona dos, lo mismo el DF, y Chiapas tiene personal tanto en la dos como en la tres.

El emigrar las remuneraciones al magisterio y a la burocracia federal de zona dos a tres no es cualquier cosa en términos de lo que nos costará a los contribuyentes, pues la diferencia para el mismo puesto alcanza hasta 16.5%. Se maneja una cifra de más de 40 mil millones de pesos (mmp) para el personal de educación básica, pero a este número habría que agregar el costo de lo que representa el costo para el personal en educación media superior y superior, monto que ronda cerca de los 20 mmp. Inmediatamente vendrá la presión de la burocracia, personal de salud, y seguirán las finanzas de los gobiernos estatales, pues no habrá razón para rezagarlos frente al de la Federación.

En síntesis, viene una espiral de aumentos sin vínculo a la productividad y a la calidad, lo que significa entregar renta económica con cargo a una hacienda pública federal que hoy parece sólida por los altos precios del petróleo. Sin que el gobierno federal se lo haya propuesto, la descentralización o federalización la metió en crisis. Ése es el problema que hay que abordar con absoluta seriedad porque millones de niños están expuestos a no recibir educación y salud. ¡Qué importante es proteger los procesos a los que obliga nuestra Constitución! Uno de ésos es el presupuestario, y si se respetara no habría espacio para las negociaciones que está emprendiendo el Ejecutivo federal a nuestras espaldas, incluyendo el bono sexenal. ¿Habrá un diputado federal que en ese aspecto sí nos represente?

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Economista