La tarea que le espera al próximo presidente es ciclópea, así sólo se aplique a superar agravios. La reconciliación llevará tiempo, y tiempo hay, pero no para ser perdido.

La cuestión central es la gobernabilidad. El sistema presidencial requiere ajustes profundos que deberán hacerse por una doble vía: acuerdos políticos y prácticas democráticas. Los cambios que impliquen reformas constitucionales requerirán de pactos para la gobernabilidad, suscritos por quienes puedan componer una mayoría. Empero, es ostensible que los agentes políticos tienen intereses contrapuestos: unos ejercerán el poder y otros los van a controlar. Con todo, también tienen intereses convergentes: el destino político es compartido y los partidos se salvan o se hunden juntos. Hay, por ende, factores que contribuirán en pro de la gobernabilidad, siempre que se actúe con sensatez y se busque un equilibrio institucional eficaz y responsable que reconozca la pluralidad política de la nación.

La velocidad con que se alcancen los entendimientos depende de muchas circunstancias, entre las que se incluyen los ajustes internos en los partidos y en el Congreso. Además, es posible que los protagonistas del futuro gobierno y del Congreso deseen familiarizarse con sus nuevas circunstancias para estar en condiciones de celebrar acuerdos. Esto podría llevar más tiempo del razonable, habida cuenta de las peligrosas circunstancias que vivimos. La economía no espera; las tensiones sociales no amainarán por sí solas; la política interior no puede permanecer sin definiciones durante meses. El impulso de las reformas no puede ser diferido por desencuentros circunstanciales.

Sin embargo hay un factor que no debe ser subestimado: la extraña actuación del gobierno saliente. Hace unas semanas, cuando el conflicto de Oaxaca estaba en pleno crecimiento, el secretario de gobernación declaró que era un asunto que sólo incumbía a las autoridades locales; después de rectificada esa insostenible posición, el presidente previno que si no había negociación se aplicaría la ley, como si conciliar fuera algo ajeno al derecho. Esta contradictoria política gubernamental tiene un efecto negativo sobre las condiciones de gobernabilidad de la próxima administración.

En otras transiciones gubernamentales difíciles se han adoptado medidas extremas. En Argentina, por ejemplo, el presidente Raúl Alfonsín concluyó anticipadamente su periodo dejando que su sucesor, Carlos Menem, tuviera mejores opciones para enfrentar la crisis inflacionaria; esta es una opción indeseable porque supone una crisis constitucional. Otro mecanismo usado en diversos sistemas democráticos, cuando transcurre un tiempo excesivo entre la elección y la asunción del cargo, consiste en liberar posiciones del gabinete para permitir que el nuevo gobierno diseñe al menos su programa financiero y contenga las presiones políticas y sociales más apremiantes.

En México esas acciones no resultan necesarias ni posibles; empero, hay otras, susceptibles de ser adoptadas sin lesionar más el tejido político, y que simbolizarían el propósito de renovación democrática. El presidente electo ya formuló una agenda preliminar que si bien no incluye todos los asuntos centrales para encauzar el proceso de gobernabilidad, al menos deja ver que desea encontrar soluciones constitucionales para la crisis política.

La situación que vive el país evidencia hasta qué grado se exponen los presidentes al desgaste político, cuando la totalidad de las decisiones les son imputables. Esto muestra lo útil que sería disponer, en el futuro cercano, de la figura constitucional del gabinete y de un secretario que lo coordine, bajo la conducción del presidente y con responsabilidad ante el Congreso. Es necesario racionalizar el ejercicio del poder para que el sistema presidencial, configurado hasta ahora conforme a los requerimientos de un partido hegemónico, sea compatible con el pluralismo político vigente.

La presencia de un gabinete cuyo jefe debe ser ratificado por el Congreso, alienta comportamientos cooperativos que ayudan a absorber tensiones políticas. De haber contado con esta figura, la pasada campaña electoral habría sido menos ríspida y la transición gubernamental en curso resultaría más manejable. Si desde ahora se perfilara la figura formal de un gabinete, encabezado por un secretario sin cartera investido de responsabilidad política, es probable que facilitaría la conducción del complejo proceso que vivimos.

Debe tenerse presente que en política y en derecho la imaginación abre más puertas que la coacción.

diegovalades@yahoo.com.mx

Investigador del IIJ-UNAM