Son mejor conocidos por su apodo. Hasta los documentos oficiales como el Informe de Gobierno y los de finanzas públicas se refieren al acrónimo de Pidiregas, que sintetiza a los proyectos de impacto diferido en el registro del gasto. Han sido vilipendiados y hasta tachados de ilegales.

No obstante los antecedentes de este instrumento financiero, es oportuno dedicarle un espacio de reflexión por varias razones. Primera, estos proyectos de infraestructura productiva de largo plazo reconocidos desde 1995 en la Ley de Deuda Pública y en la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público, son sinónimo de la inversión en el sector energético en nuestro país.

Segunda, al no contabilizarse como deuda pública, ha sido el instrumento para cambiar de facto la definición del déficit fiscal. Y tercera, es posible que el esquema haya llegado a su límite, por lo que ahora es deseable evitar "apidiregar lo impidiregable".

El valor de los proyectos que se han aprobado para expandir nuestra capacidad en la extracción de hidrocarburos y su refinación, así como para aumentar la capacidad de generación de electricidad supera ya el billón 600 mil millones de pesos. Representa 18% del Producto Interno Bruto y supera al saldo de la deuda interna bruta del gobierno federal en más de 400 mil millones de pesos (mmp). Por lo tanto, los Pidiregas no son nada despreciables.

A pesar del monto, podemos sentir cierta tranquilidad pues están perfectamente cuantificados y especificados. Más aún, de seguirse al pie de la letra lo que marca la ley, todos estos proyectos deben generar los ingresos para cubrir los intereses y el capital para cubrir el financiamiento.

Sin lugar a dudas ha habido resultados. Cabe destacar dos de ellos: la plataforma de producción de petróleo crudo aumentó de 2000 a 2006 en más de 400 mil barriles diarios y se está avanzando en los proyectos que compensen la declinación del yacimiento supergigante de Cantarell. Para ese mismo lapso, la capacidad de generación de electricidad se incrementó en más de 10 mil megawatts, que equivalen a más de 30% de la que se tenía en 2000, con lo que el exceso de capacidad bruta para enfrentar los picos de la demanda de electricidad ha llegado a casi 50%.

Sin embargo, las preguntas que no pueden dejarse de hacer desde la perspectiva del interés público son: ¿están resultando los proyectos con la rentabilidad económica y social esperada?, ¿se están logrando al menor costo para la sociedad y con el mayor rendimiento? Desafortunadamente no está haciéndose pública dicha evaluación, y ahí está parte del problema de las políticas públicas en México.

En cuanto al déficit, este mecanismo ha implicado una revolución de las finanzas públicas. Implícitamente los Pidiregas, al haberse ordenado por ley que no constituyen deuda pública aunque sí un pasivo con preferencia en el pago en el presupuesto de egresos, rompieron con la definición tradicional de los déficit públicos medidos en términos de flujo de caja. Esto significa que de no haberse modificado las leyes mencionadas, ese billón se habría agregado al cálculo del déficit fiscal.

Por lo que a la cuenta del presidente Vicente Fox hay que agregarle estos recursos adicionales a los obtenidos por mayor precio de petróleo y aumento en la extracción. Cabe destacar que las tres administraciones que le antecedieron nunca dispusieron de estos recursos adicionales, ni aún juntando a las tres. De ahí que el cuestionamiento a la gestión de esta administración tiene que ser muy severo, más cuando el Congreso aprobó la contratación.

Este esquema de finanzas públicas para impulsar la inversión ha significado también la introducción de los presupuestos multianuales para proyectos de infraestructura. Al estar aparejados estos proyectos con el financiamiento, se ha superado el clásico vicio de control de flujo de efectivo del arranque y paro para ajustar el déficit público frente a vaivenes de la economía.

Aunque los Pidiregas podrían sonar como algo maravilloso, no son la panacea a nuestros problemas fiscales, como tampoco corrigen los problemas de eficacia de las políticas públicas.

Más todavía, han introducido distorsiones para poner en su justa dimensión la debilidad de las finanzas públicas, pues han permitido ocultar el aumento en el déficit de las operaciones del gobierno federal compensándolo con un superávit en caja de Pemex y CFE.

Los Pidiregas han servido su propósito, especialmente cuando en 1995 se le cerró a México el acceso al mercado de capitales.

Ahora es tiempo de adecuar este instrumento a lo que recomienda la ortodoxia, pues será una incongruencia reportar a la Securities Exchange Commission una cosa y otra al Congreso de la Unión y, por otro lado, tampoco tiene sentido continuar engañándonos con la creatividad de asientos contables para posponer las reformas en la hacienda pública y el sector energético.

Si se busca algo donde empezar aquí hay una gran oportunidad para entendernos mejor.

jachpresa@yahoo.com.mx

Economista