Desde 1976 una maldición nos persigue cada fin de sexenio: devaluación, sea del peso mexicano o en el sistema político. La excepción fue 2000; el presidente Ernesto Zedillo articuló una entrega de la estafeta construyendo un blindaje en la parte financiera, y en lo político asegurando una alternancia pacífica y ejemplar del poder. Ahora en 2006, la parte financiera y del tipo de cambio cuenta con bases sólidas por los altos precios del petróleo y la amortización de deuda externa.

Sin embargo, en la vertiente política se entregan severos quebrantos que se han manifestado de distintas formas.

Están a la vista los enfrentamientos en la arena laboral y que incluyen la toma de la ciudad de Oaxaca. La inseguridad pública y el poderío de la delincuencia organizada. El plantón en la ciudad de México liderado por Andrés Manuel López Obrador con la hoy extinta coalición Por el Bien de Todos (PRD, PT y Convergencia), alrededor de un movimiento que cambia su leitmotiv: la veneración al propio AMLO, el voto por voto, la anulación de la elección presidencial, recientemente la exigencia a que renuncie el presidente electo como condición para iniciar el diálogo y las negociaciones, y la convocatoria a una Convención Nacional Democrática para coronar como presidente a López Obrador con la envoltura de promover toda una agenda nacional para el pueblo.

Otra muestra del quebranto político lo representa la acción cuidadosamente premeditada por el PRD y PT de arruinar la ceremonia de apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de la nueva 60 Legislatura del Congreso, a la que asiste el Presidente de la República. El presidente Vicente Fox pudo entregar su informe escrito, pero se le impidió dar el tradicional mensaje desde esa máxima tribuna de la nación.

Si a todo ello sumamos los efectos de las fallas de diseño del Estado mexicano expresadas por las cifras de pobreza extendida en casi la mitad de los mexicanos; la concentración de la riqueza y el ingreso ocasionada por privilegios otorgados vía concesiones y autorizaciones de algún tipo; el acaparamiento de puestos públicos por una clase política concentrada en promover y defender sus propios intereses; llego a la conclusión de que es impostergable una amplia reforma de Estado para reivindicar el interés público y el interés nacional.

Es urgente dar funcionalidad a valores como la igualdad y la libertad con gobiernos capaces de formular y ejecutar políticas públicas de gran efectividad.

La organización y acceso al poder público que se concentró en exceso en la figura presidencial ya caducó. Por ello, y en particular por el contexto actual, la Presidencia que degeneró en imperial tiene que evolucionar hacia una Presidencia constitucional en la que existen tanto contrapesos entre poderes como entre órdenes de gobierno. De otra forma será difícil avanzar en aspectos como el de fortalecer la hacienda pública para evitar que tanto la falta de cumplimiento de la ley como el acceso a oportunidades de educación y salud, sean excusas de índole presupuestaria.

En esta agenda básica debe incluirse la competencia en las actividades productivas y la competitividad de México para atraer el ahorro indispensable para financiar las inversiones que podrán generar el empleo.

Las políticas sociales no pueden subordinarse a intereses de grupo por demandas salariales cuando lo que está en juego es el capital humano de millones de mexicanos.

Las devaluaciones sufridas entre 1976 y 1995 desquiciaron el sistema financiero y el sistema de pagos. Las consecuencias fueron severas en la economía de los hogares y las empresas que no tuvieron acceso a los instrumentos para eludir el impuesto inflacionario. Estas devaluaciones del tipo de cambio significaron grandes transferencias de recursos de quienes menos tienen a los que poseen más.

De igual manera, las devaluaciones en la política dejan saldos negativos inconmensurables con transferencias de recursos de los más desprotegidos a los más privilegiados. Por no emprender reformas: ¿a cuántos millones de mexicanos ha afectado que su país no crezca para darles la oportunidad de un empleo, que su gobierno no los eduque y no les brinde salud de calidad, que el Estado no dé seguridad pública, ni jurídica ni social? Por eso el combate a la pobreza es prioridad.

Si el país tuvo la capacidad y la voluntad para construir y ajustar los instrumentos para lograr la estabilidad macroeconómica, ahora es tiempo de realinear esfuerzos para una reforma al poder que dé estabilidad y funcionalidad política al Estado. El camino fue largo y sinuoso para evolucionar del tipo de cambio fijo al tipo de cambio flexible, a la autonomía del banco central y a la disciplina fiscal. Ahora el desafío nacional es encontrar sus equivalentes políticos en la Presidencia y Congreso para que su interacción tenga como beneficiaria a la República, lo que es de todos. Los ojos de la nación están ahora puestos en la 60 Legislatura y en el presidente electo Felipe Calderón Hinojosa.

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Economista