Constituye una sorprendente novedad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que suele funcionar con la mayor reserva, abra una rendija en el proceso para seleccionar a su presidente, que lo es también del Consejo de la Judicatura Federal, el órgano encargado de administrar y supervisar a todos los juzgados y tribunales federales.

Con anterioridad, el presidente de uno de los tres poderes de la unión era notoriamente designado por el Presidente de la República, jefe del Ejecutivo, y la Suprema Corte de Justicia actuaba con absoluta subordinación a las indicaciones directamente emanadas de Los Pinos o de la Secretaría de Gobernación.

El avance democrático del país conlleva una gradual autonomía de la Suprema Corte que cada vez asume con independencia la grave responsabilidad que le compete.

Ahora, cuando la designación de su presidente se hará en diciembre mediante elección de los ministros, le añade un toque de transparencia con el acuerdo recién tomado que obliga a los ministros aspirantes a la presidencia no sólo a declarar sus intenciones, sino a presentar un plan de trabajo en el que revele su conocimiento del alto tribunal y proponga medidas para mejorarlo.

Hay muchas cosas que hacer en el Poder Judicial de la Federación. Una medida inevitable ante la avasalladora corriente a favor del acceso a la información es dar transparencia al modus operandi de quienes tienen en sus manos la autoridad y responsabilidad de impartir justicia.

La demanda de justicia está generalizada. No es posible pretender un estado de derecho cuando reina la impunidad, que está en el fondo de la expansión de la delincuencia organizada y de la corrupción.

Los ministros de toga y birrete son la estampa de la integridad del juez. Y sin embargo el punto central no radica en la imagen que los jueces presenten al exterior, sino la rigidez, la imparcialidad y la buena administración de la justicia lo que habrá de garantizar que en México las cosas puedan marchar mejor en lo que se refiere a los aparatos de justicia que durante tantos años han sido fuente de componendas y de decepcionantes arreglos entre partes, pero también del buen juicio de muchos de sus integrantes.

La estructura del aparato judicial está requerida de modernización, ampliación y apoyo, pero para ello se demandan jueces que a su conocimiento de la letra, espíritu y alcance de la ley añadan principios rectores de la ética judicial.

Son muchos los intereses, presiones y amagos que están sobre los responsables de impartir justicia; por eso es tan importante que su conducta sea impecable. Las consecuencias de la resolución de un juez son inmediatas para el caso que juzgan, pero tienen un gran efecto en el comportamiento de la sociedad en su conjunto.

Abrir el funcionamiento del Poder Judicial, airear sus procedimientos, permitiría familiarizarse con la ley y haría más difícil la tergiversación de la norma jurídica, que sólo se explica para servir a los malos.

La apertura del proceso de elección del presidente de la Suprema Corte es positiva, pero es uno de los primeros escalones por los cuales hay que ascender.