Los derechos de los adolescentes mexicanos no alcanzan los mínimos requeridos por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Esto es así en por lo menos tres derechos fundamentales: a la vida, a la educación y a no ser explotados. En estos rubros, México llega apenas a 5.58 en promedio, en una escala de 0 a 10, para los jóvenes de 12 a 17 años.

La organización internacional, dedicada desde hace más de 50 años al bienestar de los niños, a la planificación familiar y al apoyo alimenticio en zonas de desastre y países muy pobres, confirmó la gran desigualdad social que existe entre los jóvenes de los estados del norte de México y los de las rezagadas regiones del litoral sur del Pacífico.

Nueve indicadores sirvieron para el análisis de UNICEF, ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1965: muertes causadas por enfermedades que se pueden prevenir o tratar, por accidentes, homicidios o suicidios; la inasistencia y el rezago escolar, así como la ineficiencia terminal de la educación y el trabajo prohibido de los menores de 14 años, el excesivo trabajo en el hogar que afecta su desarrollo y el trabajo sin remuneración o ínfimamente retribuido.

Los datos arrojados por el estudio son al mismo tiempo alarmantes y motivo de profunda preocupación. Es apenas concebible el abandono en que se encuentran millones de jóvenes mexicanos en una etapa crítica de su vida, cuando aún necesitan el apoyo, atención y cuidado de la familia, la escuela y la sociedad en su conjunto, como indica Yoriko Yasukawa, representante de UNICEF en México.

Los jóvenes mexicanos necesitan que sus derechos básicos sean respetados. El informe no hace alusión a ello, pero en otras ocasiones EL UNIVERSAL ha advertido la forma en que las mafias del crimen organizado, especialmente las que se dedican al narcomenudeo, centran sus esfuerzos en captar consumidores adolescentes.

Es decir, hay en este país una amplia estrategia destinada a minar el sano desarrollo de los adolescentes, y no se percibe el mismo éxito en las organizaciones que deben atenderlos, protegerlos y encauzarlos debidamente para que alcancen su pleno desarrollo para bien de la sociedad.

No se nos escapa que contamos con un gran número de organizaciones dedicadas a los jóvenes, pero que sirven más, en su mayoría, para impulsar carreras burocráticas aisladas que para ofrecer opciones de crecimiento positivo a los adolescentes.

La obligación central es de la familia y del gobierno, con todas su dependencias -educación, salud, deporte, trabajo, cultura, desarrollo integral de la familia-, pero la sociedad entera debe comprometerse en esta tarea de la mayor trascendencia.

Una franja de este complicado problema se desprende de la dispar estructura social que padecemos, de la honda desigualdad que existe en la comunidad nacional y que en lugar de mitigarse se acentúa.

Pero más allá de esa circunstancia, el sector juvenil demanda atención con urgencia. En ese vasto conglomerado están en germen el talento y la energía potencial, que en el decenio próximo pueden contribuir eficazmente a la resolución de muchos de los problemas que hoy nos agobian.