¿Será que el siguiente mandatario mexicano ejercerá su sexenio como los bomberos, simplemente apagando fuegos atizados por la ingobernabilidad gracias a movimientos sociales, crimen organizado, y grupos armados? ¿O podrá el siguiente presidente gobernar en el presente, llevando a cabo reformas, cuyo impacto sólo se disfrutará en el futuro?

Asumamos que el siguiente presidente tendrá espacios para soñar con un México mejor. En este caso, aunque la agenda estará cargada, tendrá el nuevo inquilino de Los Pinos que ponerle especial atención a un tema que fue el reclamo principal de los electores, según las encuestas preelectorales: la inseguridad.

El problema fundamental es la falta de credibilidad que tienen las instituciones que imparten justicia en México. De hecho, esta es una de las razones principales que estamos viviendo en este conflicto postelectoral. Cuando la población deja de creer que las instituciones pueden dirimir conflictos, se incrementa dramáticamente la posibilidad de que se recurra a la violencia para encontrar una solución.

¿Qué necesita la clase política para entender la urgencia de estas reformas? Y aunque las otras reformas estructurales también urgen, el país no puede darse el lujo de posponer el debate y la implementación de las reformas necesarias en el ámbito de justicia. En 2004 el presidente envió una iniciativa al Congreso que contemplaba, entre otras cosas, la creación de una "Fiscalía General" independiente del Ejecutivo en reemplazo de la Procuraduría; la "Secretaría del Interior", en sustitución de la Secretaría de Seguridad Pública; y la introducción de juicios orales que serían públicos. A pesar de la importancia del tema, la propuesta simplemente se congeló.

No estoy diciendo con esto que de un manotazo deben aprobarse las reformas propuestas por el gobierno. Debe haber una discusión y un debate serio y responsable de cómo deben ser estas reformas. Pero lo que no se puede permitir es que el debate dure años o que el caos y las rencillas entre los partidos no permitan que este tema tome la prioridad que requiere. ¿Qué más tiene que pasar para que nos demos cuenta de que las reformas a la administración de justicia en el país son absolutamente esenciales para la supervivencia de la democracia en México?

Esta semana tuve la oportunidad de entrevistar en mi programa de Seguridad Total, de Proyecto 40, a la primera juez que presidió un "juicio oral" en el estado de México y visitar la sala de audiencias orales en Tlalnepantla. Bajo un manto de críticas de los expertos (dicen que la reforma es parcial e insuficiente) el estado de México empezó a operar lo que serán 18 juzgados para juicios orales del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Esto abre de nuevo el debate de qué reformas requiere México para mejorar la administración de justicia en este país. Chihuahua aprobó este año una reforma que incluye la implementación de juicios orales que entrarían en vigor en enero de 2007. El otro Estado que aplica la justicia oral para delitos menores es Nuevo León. Y son varios estados de la República los que están seriamente considerando este tipo de reformas. Pero todos estos esfuerzos serán simples curitas para una herida si es que no se hace una profunda reforma que incluya reformas constitucionales.

Además de ser terriblemente ineficiente (sólo a los pobres se les condena en nuestro país), la justicia en México es probablemente uno de los sistemas menos transparentes de los países democráticos. De todas las propuestas y reformas que se debaten en el país, es la introducción de juicios orales y públicos lo que dará credibilidad a la administración de justicia, dado que el acusado, las víctimas, los familiares, los medios y cualquier persona tendrá la oportunidad de presenciar un juicio y evaluar la función del Ministerio Público, del abogado defensor y la del juez.

Les doy un abrebocas de lo que podrían ser los juicios orales en México. ¿Pueden imaginarse un juicio público del ex gobernador del estado de México, Arturo Montiel? ¿Otro de uno de los grandes capos del narcotráfico? Aunque este ejemplo es sólo hipotético, puesto que la ley nunca es retroactiva, imagínense un juicio oral en contra de Carlos Ahumada.

salazaropina@aol.com

Analista política