Bajo una atmósfera de tensión se efectuaron ayer domingo las elecciones de gobernador de Chiapas, uno de los estados con alta población indígena, rezagos vergonzantes en materia económica y latentes conflictos, apenas contenidos, por justas reivindicaciones sociales.

La elección fue marcada por la declinación de los candidatos de los partidos Acción Nacional y Nueva Alianza, Francisco Rojas y Emilio Zebadúa, a favor del aspirante del Partido Revolucionario Institucional, José Antonio Aguilar Bodegas, en vista de la ventaja de hasta más de 10 puntos que según varios sondeos de opinión llevaba el candidato de la coalición Por el Bien de Todos (PRD, PT, Convergencia), Juan Sabines Guerrero. A él le fue negada la candidatura del PRI, pero fue afiliado al PRD por intermediación del gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, quien luego fue acusado de organizar una "elección de Estado".

Por encima de las particularidades mayores de esta elección, ayer los comicios transcurrieron sin violencia pero con muchos incidentes, al parecer provocados por la renuencia de algunos a someterse a las reglas electorales previamente aceptadas por todos, partidos y candidatos.

A la efervescencia natural del proceso se agregó una visita de Andrés Manuel López Obrador y su pronóstico, ayer mismo, de que la coalición Por el Bien de Todos, que a él mismo lo postuló a la Presidencia de la República, ganaría Chiapas con un amplio porcentaje.

Es verdaderamente primordial que el proceso electoral de Chiapas no derive en un conflicto posterior. Es de esperarse que los resultados sean convincentes y que el trabajo del Instituto Electoral del Estado merezca el reconocimiento, la aceptación y el acatamiento de todos los actores del proceso.

México no se beneficia en nada con otro punto de conflicto político, menos en Chiapas, donde tradicionalmente el encono social está a flor de piel y la justicia por propia mano salta a la menor provocación.

Hay que hacer un llamado a la prudencia de los partidos políticos y de sus candidatos para que respeten los tiempos de todo proceso electoral, acepten los resultados oficiales y se atengan a las instancias jurídicas en caso de impugnación.

Hay que tomar en cuenta que Chiapas es un estado muy polarizado, con problemas entre las comunidades indígenas, conflictos agrarios, magisteriales y religiosos. Es necesario un gesto de la mayor prudencia para no echar leña al fuego, no despertar a la violencia y, en cambio, dar paso a la serenidad y a las instancias legales.

Nada sería más ominoso que las confusiones y desconfianzas con que el proceso electoral presidencial ha sido ensombrecido se proyectaran también sobre los comicios de ayer en Chiapas. Responsablemente, los partidos deben esperar y aceptar los resultados de la elección y encaminar las inconformidades, si las hubiera, por los cauces que la misma ley señala.

Debemos contar con el compromiso democrático, el buen juicio de los partidos y sus candidatos, y sobre todo, de las máximas autoridades en la materia de apegarse al derecho.