A estas alturas del conflicto, resulta ya imposible imaginar un escenario en el que todos los actores políticos vuelvan sin más a la cordura y al respeto de las reglas democráticas. El daño ya está hecho: las instituciones políticas en las que se afincó el trayecto democrático de fin de siglo han sido rebasadas por la suma ominosa de poderes e intereses fácticos, errores humanos y cálculos entre estrategias enfrentadas. Lo mejor de la política que se hizo al final de los 90 se ha destruido durante los últimos dos años, de modo que seguir hablando en clave democrática en los días que corren resulta por lo menos una ingenuidad. No se necesita tener bolita mágica para advertir que se avecinan tiempos malos para la República.

Los territorios de las soluciones democráticas están minados: si el Tribunal Electoral no resuelve exactamente como lo ha dictado la coalición que encabeza Andrés Manuel López Obrador, el conflicto ya no tendrá ninguna solución plausible. Esa coalición ha llegado ya a sus propias conclusiones, y ninguna posibilidad distinta sería aceptable para retirar sus amenazas.

Por su parte, el PAN se ha pertrechado en los resultados que le favorecen hasta convertirlos en una verdad indiscutible, más allá de cualquier intento de revisión que lograra mitigar las dudas construidas en torno de las elecciones. El Tribunal está atrapado entre dos hechos consumados y contradictorios. Y mientras resuelve en definitiva, se van levantando barricadas políticas y físicas para enfrentar con éxito al enemigo inevitable. Hay algo idéntico entre las amistades de último minuto que se hicieron en Chiapas para evitar que el PRD gane las elecciones de mañana, y las Fuerzas Armadas que se han desplegado en San Lázaro para impedir que los rijosos puedan tomar el edificio: en ambos casos, se trata de un despliegue de poder ante la amenaza inminente de los desobedientes.

En ese entorno lamentable, el Presidente de la República tampoco puede ser parte de la solución, porque voluntariamente quiso ser parte del problema. El presidente Fox pensó en las elecciones pero nunca calculó con seriedad lo que podría ocurrir después de ellas. A pesar de su propia biografía política y de las advertencias de todo cuño que recibió para mantenerse al margen de la competencia, decidió participar activamente para lograr la continuidad de su partido en el gobierno. Y al hacerlo así, no sólo anuló toda posibilidad de interlocución y entendimiento con sus adversarios, sino que además privó al gobierno nacional de autoridad política y moral para favorecer un cambio de sexenio ceñido a las reglas democráticas establecidas. Sus decisiones estuvieron mucho más animadas por el juego del poder que por su compromiso con la consolidación del régimen que le permitió llegar al mando. Poco a poco, el presidente Fox abandonó el papel que le correspondía jugar como el jefe del Estado mexicano para intentar convertirse en el líder del partido que lo llevó a ese puesto.

Fue una decisión tomada a contrapelo de todas las voces que le pidieron guardar la compostura, incluyendo a las que se escucharon al interior de su propia bandería política. Pero el Presidente optó por lo contrario y hoy, cuando más se necesitaría de un jefe del Estado capaz de armonizar a los contrarios, la capacidad de acción de Vicente Fox es ya prácticamente nula. Nunca fue más evidente que los verdaderos estadistas piensan en las próximas generaciones y no en las siguientes elecciones. El presidente Fox, en efecto, nunca pudo atisbar más allá del 2 de julio.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha preferido deslindarse de antemano para mantenerse al margen. La única puerta de entrada que eventualmente podría haber utilizado como recurso extremo se cerró de plano con las declaraciones de su presidente, Mariano Azuela, para quien el artículo 97 de la Constitución es completamente inútil y además "está redactado con los pies". Cuesta trabajo digerir una declaración así de quien representa al más alto tribunal de México y de quien, se supone, está a cargo de la defensa de la letra y el espíritu de la carta que protege todos los derechos de los mexicanos.

Pero esa actitud coincide con el ánimo que recorre el país: nadie quiere hacerse cargo de las soluciones, porque todos tienen intereses inmediatos que cuidar. De modo que aun a sabiendas de que las decisiones que habrá de tomar el Tribunal Electoral están amenazadas, el presidente de la Corte ha preferido levantar una muralla para impedir que el conflicto llegue hasta sus oficinas. ¿Y yo por qué?

Hay quienes sostienen que en esta lista de instituciones rebasadas no debería añadirse al Congreso. Se dice que a partir del 1 de septiembre, cuando los legisladores emanados de las mismas elecciones cuya legitimidad se ha puesto en duda se reúnan, la política mexicana volverá a sus cauces habituales. Se sostiene que las movilizaciones dirigidas por López Obrador se irán agotando paulatinamente, en la misma medida en que las negociaciones entre los partidos enfrentados se irán desenvolviendo paso a paso en los pasillos del Congreso. Y se afirma también que, en todo caso, será en esa misma instancia donde puedan celebrarse acuerdos nuevos para dotar al presidente entrante de la fuerza indispensable para gobernar sin restricciones. Ese cálculo concluye que, al final del día, la segunda fuerza política de México tendrá que optar entre la exclusión y los acuerdos; entre el conflicto y el pacto negociado. No descarto esa posibilidad, pues nuestra clase política ha dado muchas muestras de un pragmatismo capaz de renunciar a cualquier causa. Pero entre esos cálculos pragmáticos hay que añadir el costo de la ruta que eventualmente llevaría a la reconstrucción del diálogo, y el precio de los intercambios. Y nada de eso tiene que ver con los valores propios de la democracia. En todo caso, ese lenguaje está mucho más cerca de las mafias que, después de un periodo de violencia, se disponen a pactar treguas convenientes.

Vienen muy malos tiempos para la República. Se incubaron obsesivamente durante el periodo de campañas y, la verdad, es que hoy nadie acierta a predecir el desenlace. Pero todos sabemos bien que cuando las reglas democráticas no se respetan, lo que sigue es la lucha por el poder a secas. Que cada quien lo justifique como pueda.

Profesor investigador del CIDE