U n partido es la antítesis de la violencia y la ilegalidad. Sus principios y programas, plataformas y reglamentos, así como sus candidatos y propuestas, pasan por la báscula de las instituciones.

Reclamos y disconformidades no pueden evadir las leyes creadas por las diversas formaciones políticas a través de su tarea legisladora llevada al cabo en el seno de los propios grupos parlamentarios. La lógica democrática se sustenta en una lógica jurídica. ¿El PRD acepta la vía electoral si gana y la descalifica si pierde?

Partidos y candidatos han de ser leales a quienes los votaron. El electorado quiere libertad, pero también pide orden. Un orden democrático, no un orden autoritario. No votó por la anarquía ni por la algarada: votó por el fortalecimiento de nuestra estructura legal y exigió de ese modo el ejercicio de todos sus derechos, sin que el cumplimiento de uno o varios de ellos en particular reduzca o limite otras libertades y otros derechos ciudadanos.

Los mexicanos acudimos a las urnas decididos a propiciar un entendimiento civilizado entre las fuerzas políticas. Votamos por un nuevo avance en la vida de nuestra inconclusa democracia. Desconfiados, sufragamos con el propósito de inducir acuerdos y equilibrios entre los adversarios.

Ahora como nunca antes, cada partido necesita a los otros a fin de concretar de consuno un programa gubernamental, negociado con probidad, apto para conciliar ideas y plataformas dispares en un esfuerzo sincero caracterizado por la colaboración recíprocamente moderadora. El proceso electoral en curso puede erigirse en motor de las impostergables reformas sociales.

Ningún teórico o práctico de la resistencia civil propuso acción alguna capaz de malquistar a su legítimo movimiento con aquellos estratos sociales dispuestos a brindarle apoyo y solidaridad. Cercenar derechos y libertades de terceros desfigura la naturaleza moral de la resistencia civil. No hostigar a la comunidad: secreto de una resistencia civil urgida de apoyo social cotidiano.

La resistencia civil puede y debe ser una suerte de pedagogía multitudinaria. Y no lo es si los exaltados y los radicales se apoderan del movimiento. Administrada al amparo de la ley, la resistencia civil es arma política poderosísima.

En nada se asemejan las actuales presiones y tensiones causadas por el PRD (guardemos, por supuesto, las obvias distancias existentes entre cada personaje) a las hazañas de Gandhi o Martin Luther King, para no mencionar el inolvidable heroísmo de franceses, noruegos o daneses mostrado durante la ocupación nazi de sus respectivos países.

El ilustre dirigente indio impugnaba al imperio británico y el inmenso afroestadounidense luchaba en favor de los derechos civiles de sus congéneres. Ni uno ni otro era candidato a ningún cargo público y, por consiguiente, no estaba obligado a circunscribirse a la legalidad electoral vigente entonces en su nación.

Si el PRD aspirara a mantener, y aún a expandir, su relevante caudal de votos -y su influencia social y electoral-, debería ponderar con honradez si insiste en una resistencia incivil a punto de convertirse en ilegal.

Tampoco es lícito invocar el ensayo sobre la Desobediencia civil (Thoreau, 1849) porque el estadounidense, solitario, desde lo más alto de un monte escarpado y detrás de los rústicos troncos de una modesta cabaña, sin contacto con ser humano alguno, escribió su noble proclama ferozmente individualista, negadora del Estado y del gobierno. El célebre desobediente simbólico se situó de esa manera entre los terrenos del ultraliberalismo decimonónico y el anarquismo teórico.

Analista político