A juzgar por las declaraciones y acciones más recientes tanto del ex candidato a la Presidencia, AMLO, y del presidente de la República, Vicente Fox, parece inminente que el conflicto postelectoral se recrudezca al grado de que entremos en una espiral de movilización y represión de enormes costos para el país y para la estabilidad política. Ni López Obrador va a claudicar en su causa, ni Fox podrá permanecer inmóvil en la defensa de la institucionalidad democrática.

La violencia y la represión no son las mejores vías para solucionar una crisis política como la que vivimos. En el papel no beneficia a nadie, aunque daría elementos en lo inmediato a la lucha de los obradoristas para victimarse frente a los supuestos embates autoritarios del régimen. Empero, debe quedar claro que la única opción para evitar estos derroteros está en manos del propio AMLO a condición de que le baje el tono a la confrontación y encauce su lucha en los márgenes institucionales. A la larga, todos saldríamos ganando, sobre todo el propio López Obrador, quien no pondría en riesgo su capital político con una "revolución" civil en la arena extrainstitucional condenada al suicidio.

En efecto, no está escrito que en futuras contiendas el tabasqueño no pueda aspirar a ganar la silla presidencial, como en cualquier democracia. Por ello, antes de dilapidar su capital político podría invertirlo inteligentemente en la arena institucional. Así, por ejemplo, dado que ahora impugna los procesos y las instituciones electorales por parciales y poco transparentes, López Obrador podría enarbolar la bandera de la reforma electoral y convertirse en su principal promotor, pero en el marco de la legalidad. De concretarse, sería un triunfo personal que podría explotar a su favor.

Ni duda cabe que la legislación electoral vigente está repleta de insuficiencias y contradicciones que deben ser subsanadas y corregidas para evitar las suspicacias que en las pasadas elecciones hicieron estallar la certidumbre que debe caracterizar a los procesos electorales. He ahí la causa que debería enarbolar el tabasqueño y que lo proyectaría como un hombre de Estado y un demócrata a los ojos de muchos mexicanos. Lo mismo puede decirse de otras causas que López Obrador dice abanderar, como el combate a la pobreza. Sin duda, podrá lograr más en esa dirección por la vía institucional que por la del conflicto y la radicalización, y de paso él mismo incrementaría su centralidad política en los años por venir. En otras palabras, asumiendo que es prácticamente imposible que el TEPJF revierta en los próximos días el resultado a favor de él, AMLO puede obtener más desde una oposición responsable e institucional que desde el conflicto rebelde y frontal, desafiando a las instituciones del Estado.

Por su parte, las manifestaciones de fuerza por parte del Estado frente a los embates de grupos intransigentes tampoco constituyen la mejor de las soluciones para preservar la institucionalidad democrática por más que esté justificada por criterios de seguridad nacional, razón de Estado y orden público. En efecto, el uso de la fuerza oficial, por más legítima que sea, siempre empaña la imagen de los gobiernos y de las instituciones, las exhibe a los ojos de muchos como intransigentes y en todo caso incapaces de encontrar salidas negociadas y pacíficas a los conflictos. Por ello, las autoridades deben hacer un cálculo cuidadoso sobre las maneras menos traumáticas y costosas para encarar conflictos como los que se vislumbran en el futuro inmediato.

Como suele ocurrir, la violencia de la insurrección, del amotinamiento, la violencia rebelde, o incluso la violencia callejera de una masa enloquecida que destruye y saquea, va acompañada de una violencia del poder, de la represión, de la tortura, de la pena capital, en suma, de otras formas de terror. La violencia es el elemento en el que más claramente se revela la fuerza y, al mismo tiempo, la fragilidad del poder. Por ello, no está de más recordar que sólo cuando se abre la palabra comunicante se cierra -aunque sea temporalmente- el recurso de la fuerza y se inaugura la posibilidad de la democracia política. Casi siempre la comunicación se funda en las violencias que la preceden y la acompañan, pero se diferencia significativamente de ellas. Es apertura al discurso del otro, apertura simultánea que permite la deliberación, la puesta en común de los intereses personales y sociales, base de cualquier democracia.

cansino@cepcom.com.mx

Director del Centro de Estudios de Política Comparada