S i volviera a vivir y sobre todo a visitar nuestro país el gran escritor francés André Breton, a quien se le atribuye que calificó a México como el mejor ejemplo de surrealismo, una vez más lo corroboraría con lo que está ocurriendo en todos los campos. El megaplantón debería ser propuesto ya para el récord Guinness; lo que sucede en Oaxaca, por lo visto a ninguna autoridad le importa mucho, y la situación económica son parte de un país fuera de serie.

Si se revisa la información que se obtienen de los medios de comunicación, sobre la situación económica del último mes, concluimos que estamos en Jauja. Como nunca el precio del petróleo está dando recursos adicionales al país y por lo tanto a los diferentes estados de la República. Las excelentes finanzas están permitiendo el prepago de deuda que, según los responsables del área, permitirán reducir la deuda externa neta del gobierno en 15 mil millones de dólares, cosa que nunca había pasado, y la relación de intercambio del peso con el dólar, desde que se inició el plantón, es tal que nuestro peso se está revaluando. Es decir, desde el punto de vista económico, según el gobierno, la cosa está maravillosa. Habrá que ver hasta cuándo este optimismo desbordado cambia por la realidad social y política que vivimos los mexicanos.

Esta semana, dentro de lo que es la mezcla de surrealismo y apego a las leyes, ha ocurrido un hecho que merece la pena tomar en cuenta, por la gravedad que tiene. Imaginemos que tenemos una empresa que vende productos y es legal, pero queremos no pagar impuestos; para ello, creamos una empresa fantasma en alguna parte del país y durante varios años operamos de esta forma, manejándonos al margen de la ley mediante la entrega de facturas y comprobantes sin los requisitos que marca la autoridad hacendaria y sin que nadie pueda meterse con nosotros para fiscalizarnos.

Lo anterior, que parece un cuento de hadas, es lo que ha hecho la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) durante años. Es decir, la que debería ser ejemplo de responsabilidad fiscal ha sido evasora. Y no sólo eso, hoy está feliz, pues la Suprema Corte de Justicia ha impedido que la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados pueda auditar el fideicomiso que la SHCP creó para evadir la fiscalización.

Alberto Barranco lo comentaba el martes en su excelente columna de EL UNIVERSAL, titulando su artículo con la pregunta de si acaso eran ¿puros chismes? Desgraciadamente no lo son, y es incomprensible el actuar de esta dependencia. Con qué cara nos exige y en muchos casos sanciona, si ella misma es evasora.

Resulta que desde hace años la SHCP creó un fideicomiso privado en Nacional Financiera para administrar los recursos provenientes de los derechos de trámites aduaneros. Los miembros del fideicomiso y del comité técnico eran servidores públicos y los ingresos del mismo provenían, como hemos dicho, de un derecho que fija la autoridad y que por lo tanto deberían considerarse ingresos públicos y haberse depositado en la Tesorería de la Federación.

Pero seguramente pensaron que con lo engorroso que es el trámite para, una vez que los recursos entran en la Tesorería, después poder recuperarlos y aplicarlos en acciones que mejoraran el sistema aduanero iba a llevarles mucho tiempo, así que lo más práctico fue hacer un fideicomiso privado y listo, sin ningún problema burocrático. ¿Qué deberán pensar por ejemplo en Pemex y en la CFE con los ingresos que reciben, sobre este maravilloso método? Quizás también ellos quisieran crear sus fideicomisos privados y dejarse de burocracias, pero el único problema que tienen es que quien autoriza los fideicomisos es la misma SHCP.

La Auditoría Superior de la Federación, al revisar las cuentas públicas, encontró que desde que se creó el citado fideicomiso privado existían irregularidades en su manejo y operación por cerca de 10 mil millones de pesos depositados en el citado fideicomiso por las aduanas y que era necesario hacer las aclaraciones correspondientes. Todos hubiéramos pensado que el gobierno informaría, partiendo del principio de que él sería el más preocupado por la transparencia y, sobre todo, tratándose de dinero público pero, como ha sido virtud de este gobierno, promovió una controversia constitucional que, como apuntamos líneas arriba, se ha resuelto esta semana con el voto de ocho magistrados contra tres, negándole a la Auditoría Superior su facultad de auditar este supuesto fideicomiso privado.

Sería muy conveniente que los señores ministros, que sin duda interpretan la ley, también interpretaran la realidad, pues este trucaje que ha hecho la SHCP para evadir la fiscalización es lamentable y deja muchas dudas sobre cómo se maneja la administración aduanera en nuestro país. Tan así es que, en el transcurso de la resolución de la controversia constitucional y las actuaciones de la Auditoría Superior, la Secretaría de la Función Pública promovió y obligó a la Secretaría de Hacienda a constituir un fideicomiso público para que los recursos por estos derechos se entreguen a la Tesorería de la Federación, y gracias a esta acción la SHCP se ha sentido presionada y la Auditoría Superior logró recuperar sólo para el año 2005 más de 2 mil millones de pesos, según indica un boletín que divulgó ayer.

La pregunta es que si la Suprema Corte hubiera permitido que se auditara el fideicomiso desde su constitución, ¿cual sería la cantidad que el país podría haber recuperado? Ahora los que idearon esta forma de evadir la fiscalización han de estar muy felices. Lástima que hayan sido servidores públicos y sobre todo los responsables de que los mexicanos actuemos con honestidad en el pago de impuestos y derechos.

No es de esta forma como se construye un país de primer mundo y que pretende ser de las naciones líderes; no con situaciones como ésta, que quedan protegidas del escrutinio público y tratándose de recursos públicos, más allá de las interpretaciones legales. Si todo hubiera sido correcto en este fideicomiso, ¿por qué negarse a informar?; ¿por qué negarse a ser auditados? y sobre todo ¿por qué se les ha obligado a convertirlo de privado en público a partir de 2005? Ante la magnitud de los recursos involucrados, las respuestas a estas preguntas las merecen todos los mexicanos. Si todo está bien, sean transparentes.

Analista político y economista