En un magnífico editorial de nuestro periódico el pasado martes se expresaba con toda claridad que hoy nuestro país requiere de hombres de Estado que estén por encima de cualquier clase de intereses personales, que permitan la depuración del régimen electoral para mejorarlo y fortalecerlo, y que de lograrse será un orgullo para todos.

Y efectivamente es urgente, y sobre todo necesario, que tanto los que hoy nos gobiernan como los que aspiran a hacerlo en el próximo periodo presidencial estén a la altura de las circunstancias; situación que todos los días vemos, leemos y sentimos, no está ocurriendo, especialmente en los ámbitos del gobierno federal y de algunos estatales.

Ese mismo martes el vocero presidencial, en una más de sus acostumbradas pifias, declaraba con toda suficiencia e insensatez que "México está caminando, gozando de plena gobernabilidad, sin que exista riesgo alguno de violencia social por casos como el de Oaxaca o el electoral, y que todos los conflictos se están procesando a través de las instituciones".

Es muy preocupante si verdaderamente el vocero está convencido de sus afirmaciones pues, aparte de él y quienes lo instan a decir esa sarta de barbaridades, no hay persona alguna en nuestro país que lo perciba de esta manera.

Para continuar con su mentira, empezó a recetar a los periodistas con una serie de indicadores económicos que como todos sabemos pueden cambiar de un día para otro sin la menor consideración, tan sólo atendiendo a los resultados de la situación no sólo económica sino social que impera en el país. Sería muy ilustrativo para el citado vocero que comparara los datos económicos del año 1968 con los de hoy. También para aquel año la economía era muy positiva y ya sabemos lo que pasó.

Lo que está sucediendo en Oaxaca es un llamado de atención sobre lo que puede ocurrir en el resto del país, donde la ausencia de hombres de Estado en todos los órdenes coloca a la población en una situación desesperante que ya ha cobrado muertos y heridos. ¿Hasta cuándo pretenderán intervenir los gobiernos involucrados?

En Oaxaca, y principalmente en su capital, lo único que priva es la anarquía y los enfrentamientos sin que medie la menor negociación por parte de alguna autoridad, en espera de un acto de represión; y esto es a lo que le están apostando, lo cual es muy riesgoso. ¿De dónde sacará el vocero que lo que ocurre en ese bello y productivo estado se encuentra dentro de los cauces de la legalidad, cuando se ha abandonado a la población y ésta tiene que defenderse con sus propios medios? ¿Sabrá el vocero, por ejemplo, que los ciudadanos que tienen comercios en el centro de la ciudad se han puesto de acuerdo en tener silbatos para alertarse y ayudarse entre ellos, a falta de alguna autoridad que los pueda atender?

Dentro de lo que está sucediendo en Oaxaca hay una noticia de la cual debemos congratularnos, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó que la Auditoría Superior de la Federación puede realizar la revisión de los recursos destinados al combate a la pobreza ejercidos por el anterior gobernador, lo cual no se había logrado ante la negativa del gobierno estatal y el Congreso local.

Después de dos años de que la Cámara de Diputados promoviera el juicio de controversia constitucional, la Corte ha reafirmado que la Constitución sí otorga facultades al órgano fiscalizador de la misma cámara para supervisar la aplicación correcta de los recursos federales que se le otorgan. Ésta es una noticia muy buena que habla de que hay algunas instituciones que sí funcionan y de la necesidad de seguir fortaleciéndolas.

Por otro lado, lo que le sucedió al Presidente de la República el lunes pasado en un acto público también es preocupante, aunque se haya tratado de minimizar con el argumento de la libertad de expresión. La Presidencia es una institución que debe ser respetada y su titular debe hacerla respetar, por supuesto no con la represión sino con acciones que demuestren que está a la altura de las circunstancias; situación que no ha ocurrido, podríamos afirmar, a lo largo de todo este sexenio.

El conflicto electoral en el cual estamos envueltos tampoco es para quedarnos tranquilos. Las acciones que se están desarrollando dejan mucho qué desear en cuanto que están dentro de los cauces legales; la toma de carreteras, por ejemplo, no es un indicio de que las cosas se encuentren dentro de lo que marcan nuestras leyes. Incluso el director de Caminos y Puentes Federales señaló que iba a presentar una demanda penal en contra de quienes impidieron el cobro en las casetas de las autopistas dado que eso es un delito federal.

Si esto continúa como va estaremos viendo situaciones que irreductiblemente nos harán caer en una situación de violencia social y entonces todas las magníficas cifras económicas irremediablemente se moverán hacia la baja. Esto ha ocurrido en otros países y el nuestro no tiene por qué ser la excepción que confirme la regla.

Hoy la prudencia y el buen gobierno, y no la paralización, deberían ser la pauta que marquen las acciones de este gobierno que afortunadamente terminará pronto, y sería muy conveniente que el vocero lo tomara en cuenta.

La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos debería contemplar la mentira flagrante entre las faltas que se cometen y considerarse con su respectiva sanción.

Si esto existiera, sin duda el vocero presidencial sería el primer candidato a ser juzgado por ello.

Tendría ya que dejarse de bromas, como el pedir a los reporteros que definan qué es ingobernabilidad, y reconocer que no está a la altura de la situación que estamos viviendo.

Todos estaríamos más tranquilos si en vez de tratar de engañarnos se dijera la verdad sobre lo que ocurre en nuestro país, pues si el vocero lee los medios nacionales y extranjeros, en ninguno de ellos aparece la gran impresión que tiene la casa presidencial sobre nuestro México.

Recapacitar es de hombres de Estado. ¿Sería mucho pedir a estos defensores a ultranza de las mentiras mediáticas que lo hicieran en estos momentos tan críticos?

Analista político y economista