Una creciente inestabilidad se ha apoderado de Oaxaca. En paralelo con las acciones que en el Distrito Federal promueve la coalición Por el Bien de Todos, miembros y simpatizantes de la Asamblea Popular del Pueblo tomaron la caseta de la autopista a Puebla y pidieron cooperación, en lugar del peaje, a los automovilistas.

Esta es una de las más recientes acciones de un movimiento que se ha declarado en busca de la salida del gobernador Ulises Ruiz, que impidió la Guelaguetza, que mantiene un plantón en la ciudad patrimonio de la humanidad, según la UNESCO, que ha tomado edificios públicos, se ha apoderado de la radio universitaria y de la televisora estatal y que ha afectado gravemente la actividad económica, turística y cultural de ese que es uno de los estados al mismo tiempo más ricos y bellos, empobrecidos y atrasados de México.

En apariencia, todo empezó por la demanda de los maestros agrupados en la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que aspiran a recibir paga igual a la de sus colegas de Chiapas, otro estado rezagado, lo que da idea de la urgencia de su reclamo.

El gobierno estatal alegó insuficiencia presupuestal, o tal vez quiso evitar que el mal ejemplo cundiera, pero no supo negociar la negativa y se entrampó en una escalada de agresiones, gases lacrimógenos, violencia policiaca y desprecio a sus adversarios, a cuyo movimiento se suman cada vez más agraviados por un régimen local ahora muy debilitado.

Hubo quema de camiones, un ataque a tiros contra el edificio del diario Noticias, que dejó heridas a dos voceadoras, y junto a esto y más, la sensación de que el gobierno ha dejado de ser eficaz, lo cual es causa de una seria preocupación.

En qué momento un problema como éste deja de ser local para merecer la atención federal, es algo que debemos precisar rápidamente, pues se perciben algunas extrañas afinidades con lo que sucede en el Distrito Federal. Por ejemplo, el presidente municipal de Telixtlahuaca, cuyos habitantes tomaron la autopista a Puebla, es del Partido de la Revolución Democrática, y la acción es idéntica a la de las tomas de las autopistas del valle de México.

Por su parte, los oponentes al gobierno oaxaqueño han desestimado a los funcionarios que podrían resolver el conflicto y no parecen dispuestos a establecer un diálogo ni espacio para el mismo.

La tensión aumenta y podría ser insostenible en los próximos días. Las opciones se reducen y el gobernador del estado se encuentra en un serio predicamento pues no ha sido capaz de encontrar vías de solución el problema. Y sin embargo, sigue siendo ésta su responsabilidad.

El conflicto tiene que ser visto con seriedad y urgencia. No se trata solamente de imponer el orden con los recursos legales del estado, sino de establecer una convivencia armónica, civilizada y positiva en una entidad que tiene problemas ingentes que resolver.

Algo se ha roto ya entre los actuales gobernantes oaxaqueños y la sociedad. Y si bien es cierto que todos en México tenemos derecho a la libre expresión, también lo es que un tono razonable es el restablecer canales de negociación, en este caso, tanto desde el gobierno local como de sus oponentes.