El Distrito Federal, megametrópoli abrumada por la falta de agua, las inundaciones, el crimen, el ambulantaje, el desempleo y mucho más, encara ahora una situación de caos y parálisis en puntos neurálgicos de su entorno social y vial.

La protesta pacífica organizada por el Partido de la Revolución Democrática para expresar su posición respecto del resultado electoral y para mostrar su presencia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pareciera más un acto de provocación que, de serlo, resultaría inaceptable porque afecta a más de 10 millones de personas que viven en esta ciudad, y a otro tanto que laboran, trabajan y transitan en una urbe hoy tomada mediante campamentos que impiden la libre circulación de millones de personas y vehículos.

Por supuesto, nadie puede ni debe negar el derecho a la libertad de expresión de cada uno de nosotros; nadie puede estar en contra de que todo mexicano libre piense y actúe siempre bajo el sistema de derecho que, también es cierto, otorga derechos y libertades, pero que asimismo establece responsabilidades.

No obstante, si alguien cree que con estas medidas ayudan a su candidato presidencial a obtener un fallo favorable en los tribunales, a los que se ha llevado el procedimiento electoral, está en un completo error y sí, por lo contrario, le está causando un serio problema de alcances imprevisibles.

Una rápida meditación sobre los costos y las ganancias de esta interpretación de las garantías individuales, proclamadas en la Constitución, puede arrojar resultados negativos.

Y no se trata de acusar o defender a ningún candidato en particular. Nuestra posición ha sido, y es, a favor de la democracia, de la pluralidad y del respeto a las libertades.

Por su parte, el litigio postelectoral lo resolverán los tribunales, los que seguramente estarán considerando lo apremiante de la situación, aunque también tienen la responsabilidad de actuar en ley y en justicia: ni más, ni menos. No acatar los ritmos legales pareciera ser un acto de arrogancia que no conviene a nadie.

Por tanto, es perverso que alguien pueda suponer que con bloqueos insufribles para millones de seres humanos se va a cambiar la letra de la ley, a menos que lo que se busque pretenda ir más allá de los procedimientos institucionales establecidos.

Esta exacerbada estrategia irrita con razón a quienes padecen las incomodidades y atropellos de estas movilizaciones que, paradójicamente, se hacen en nombre de la democracia y por la estabilidad del país.

La ocupación de las calles ha provocado ya enfrentamientos entre los ocupantes de los campamentos y los ciudadanos, pero no acabamos de calcular su verdadero alcance. Van a quebrar el frágil equilibrio de la convivencia en el Distrito Federal, a erosionar la vida social, a afectar la actividad económica y a repercutir para mal en la salud del sistema político mexicano.

El gobierno del Distrito Federal y el gobierno federal tienen aquí una gran responsabilidad. Queda demandar una intervención eficaz de ambos para que los ciudadanos del DF puedan vivir en paz y al amparo de la Constitución.