El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) entró a su etapa central y definitiva para determinar si es legalmente válida, o no, la elección presidencial y, en consecuencia, hacer la declaratoria de presidente electo. Esta función implica atender, es decir, admitir, estudiar y resolver las inconformidades surgidas en el mismo proceso sucesorio.

Existe el Tribunal porque las inconformidades son inherentes a la relevancia del acto electoral, y a todos nos importa que éste se cumpla ajustado al derecho que garantiza la voluntad ciudadana.

Los protagonistas de las elecciones, partidos, candidatos y, sobre todo, ciudadanos, tienen el pleno derecho de manifestar sus posiciones ante el proceso, sobre todo si tienen evidencias fundadas de inconsistencias.

Al conceder audiencia, en un gesto de apertura y sensibilidad, a los candidatos y/o representantes de los partidos que impugnaron el proceso, el TEPJF dio un paso prudente y de la mayor consideración para ganar la confianza ciudadana en este definitorio momento de la vida nacional.

La ley prevé las formas de impugnación. Pero hay un límite obvio. Una cosa es inconformarse y otra mantener latente un amago de desorden o desestabilización política y social como formas de presión para que el TEPJF resuelva de acuerdo con los intereses particulares de un partido o grupo social.

El Tribunal ha dado entrada a inconformidades y ha celebrado reuniones con los representantes de los partidos para escuchar sus argumentaciones. Es lo conducente. Lo que sigue está en manos de los magistrados. Pero este procedimiento se está dando en una creciente atmósfera de tensión, en el marco de las actividades de resistencia pacífica convocadas por la coalición Por el Bien de Todos, que ha dispuesto campamentos a lo largo del principal eje vial del Distrito Federal, es decir, del Palacio Nacional a Los Pinos.

El Tribunal ya recibió y admitió los recursos legales de los partidos que impugnaron el proceso. Ahora es prudente que se genere y respete un espacio para sus deliberaciones, sin escalar la atmósfera de tensión en torno a su resolutivo final.

La capital de la República está bajo la amenaza visible de un estrangulamiento inminente. El riesgo no puede ser disimulado ni menospreciado. La prudencia debe prevalecer en estos momentos de incertidumbre. Es pertinente un llamado a la cordura: que la coalición no agudice el cerco y que el Tribunal envíe señales de realizar un trabajo independiente.

Los candidatos y sus partidos no pueden abdicar de sus responsabilidades mayores con la paz pública y con la vigencia del estado de derecho. A la Presidencia de la República no se llega por asalto. Quienes excepcionalmente lo hicieron han sido condenados por la historia.

Hay una trayectoria de colisión que debe ser corregida para evitarnos conflictos dolorosos que concluyen sin ganadores. Las instituciones electorales, instrumentos clave de la construcción de nuestro sistema democrático, alcanzadas después de muchos años, deben ser no solamente preservadas, sino perfeccionadas. Hoy están ante una dura prueba y hemos de confiar en que la resolverán con la mayor inteligencia.